106 millones de pesos
Octubre 13 del 2025.- Al leer este artículo, visualiza tu recibo de nómina o el comprobante del pago de tus impuestos, y piensa en todo lo que podrías haber hecho con ese dinero que entregas al gobierno vía contribuciones. Tal vez lo habrías invertido en la reparación de tu vehículo, en una convivencia con tu familia, en el pago de alguna deuda o en atender una situación de salud que has venido postergando.
Hace unos días se dio a conocer que un funcionario público adscrito a la Comisión Estatal de Concertación de la Obra Pública (CECOP) del Gobierno del Estado de Sonora sustrajo del erario aproximadamente 106 millones de pesos, prácticamente en un periodo de tres meses. Dicho funcionario, quien ocupaba un puesto de alta dirección en la dependencia estatal, logró transferir dicha cantidad a sus cuentas bancarias personales y a las de su esposa.
Actualmente se encuentra prófugo de la justicia, mientras que su esposa fue detenida y permanece en el Centro de Readaptación Social para Mujeres de Hermosillo, en calidad de partícipe o cómplice del funcionario mencionado.
Ante un hecho tan grave, conviene reflexionar sobre dos aspectos que considero especialmente relevantes. En primer lugar, sobre los perfiles de las personas a quienes se deposita la confianza en puestos de dirección y alta responsabilidad.
Nuestro sistema político y de gobierno sigue privilegiando el acomodo de personas en función de su participación en campañas electorales o su pertenencia a determinados grupos o partidos. Esto ha generado un sistema de recompensas políticas, donde la capacidad o la ética profesional pasan a segundo plano. Como bien decía Germán Valdés “Tin Tan”: “A mí no me den, pónganme donde hay.”
Con los hechos que se han dado a conocer, es válido presumir que el perfil del funcionario hoy prófugo no era el adecuado para el cargo. Robarse, en apenas tres meses, 106 millones de pesos mediante transferencias directas a cuentas personales —y provocar además que su esposa se encuentre en prisión mientras él huye— revela la clase de persona que era y la fragilidad de los controles institucionales.
En segundo término, debemos mirar hacia el interior de la Administración Estatal y reconocer la facilidad con que algunos funcionarios logran apropiarse del dinero público. Si bien los hechos fueron detectados en poco tiempo, las acciones emprendidas fueron reactivas y no preventivas. Este caso debería marcar un precedente para que el Gobierno adopte protocolos y mecanismos eficaces de control, capaces de proteger de verdad los recursos del erario.
Si no supiste responder al planteamiento inicial —qué harías con el dinero que destinas al pago de impuestos—, el alto funcionario del Gobierno del Estado de Sonora sí lo supo. Él utilizó tu dinero, y el de miles de contribuyentes, para pagar su boda, comprar una casa y darse una vida de lujo, con el agravante de que una buena parte de esos recursos jamás podrá recuperarse.
En resumen, estamos frente a un robo descarado de 106 millones de pesos, cometido no solo contra el erario, sino contra cada ciudadano que con esfuerzo cumple con sus obligaciones fiscales.
Lic. Juan Manuel Escalante Torres
