Grupos civiles piden transparencia en obras de remediación ecológica en río Sonora
Abogados que acompañan a pueblos afectados recalcan que las víctimas deben situarse en el centro del proceso
ESPECIAL, oct. 23.- Representantes de las ocho comunidades afectadas por el desastre ecológico ocasionado hace14 años por Grupo México en el Río Sonora, exigieron transparencia en las obras de remediación y que se coloque a las víctimas en el centro del proceso.
Los habitantes que padecen todos los días el problema iniciado el 6 de agosto de 2014, cuando fueron derramados alrededor de 40,000 metros cúbicos de sulfato de cobre acidulado, en el arroyo Tinajas, afectando los ríos Sonora y Bacanuchi, alzaron la voz, luego de que la Secretaría del Medio Ambiente y Recursos Naturales (Semarnat) decidió denunciar penalmente a Mexicana de Cananea, Buenavista del Cobre, Operadora de Minas e Instalaciones Mineras, por no cumplir con las acciones de remediación de la contaminación al Río Sonora, ocurrida en 2014 y que Grupo México (GM), el conglomerado al que pertenecen esas empresas, solicitó a la Secretaría de Gobernación (SG) establecer un diálogo que permita buscar una solución al problema.
Los Comités de Cuenca Río Sonora pidieron a la Semarnat explique cómo se realizará la reapertura y actualización del Fideicomiso Río Sonora, originalmente establecido, a partir de un convenio entre el gobierno federal y GM, para atender los daños ocasionados por el derrame, considerado como el peor desastre ambiental de la industria de la metálica en México y que afectó a municipios de Arizpe, Banámichi, Huépac, San Felipe de Jesús, Aconchi, Baviácora, Ures y Hermosillo (zona rural), donde viven alrededor de 24,000 personas.
Concretamente hicieron tres llamados puntuales:
- Que la Semarnat dé las indicaciones en torno a la reapertura y actualización del Fideicomiso Río Sonora (FRS), el cual fue declarado abierto en 2022, por una resolución de la Suprema Corte de Justicia de la Nación.
- Que se coordine con la Comisión Nacional del Agua (Conagua) y la Secretaría de Salud federal y estatal un Plan Oficial para la Reparación, Remediación y Acceso a la Salud y al Agua Potable, que incluya infraestructura, personal médico especializado y presupuesto, con una línea de tiempo bien establecida, dentro de esta administración y alcance transexenal, que dé justicia a las comunidades. Exigen que ese plan sea presentado este mismo mes.
- Que sigan trabajando para detener la impunidad de la empresa responsable, Grupo México, con acciones concretas que sean comunicadas a las comunidades afectadas.
Recalcaron que el costo total del impacto por el derrame tóxico de Grupo México en el río Sonora asciende ya a más de 20,500 millones de pesos.
“Urge que las autoridades sigan trabajando para detener la impunidad de la empresa responsable, con acciones concretas para la reparación de los daños en las comunidades afectadas”.
Por su parte Cynthia Arco Amarillo Lohr, de la organización de abogados PODER, que acompaña en la defensa legal a los Comités de Cuenca, informó que, además del proceso penal que promovió la Semarnat, habitantes de la zona iniciaron juicios de amparo, mediante los cuales buscan reivindicar su derecho a un medio ambiente sano, la salud y para exigir la reparación integral del daño, causado en 2014.
Recalcó que en este nuevo episodio penal que se inicia, quienes deben situarse en el centro del proceso son las víctimas.
Para que eso ocurra, el objetivo debe ser que la reparación del daño sea integral, con garantías de no repetición, remarcó.
La abogada enfatizó que los estudios realizados por la autoridad y la evidencia presentada por la población afectada durante los últimos nueve años, han de mostrado que la empresa actuó y sigue actuando con una serie de irregularidades, incumpliendo con impunidad las normas ambientales.
No le bastó el desastre ambiental del 2024; actualmente opera una mega presa de jales, con riesgo de filtración de los contaminantes que almacena a los mantos acuíferos, añadió.
GM toca a la puerta de Gobernación
El lunes pasado, el corporativo, encabezado por el empresario Germán Larrea, solicitó a la Secretaría de Gobernación establecer un diálogo que permita buscar una solución al problema de la contaminación en esa zona del norte de Sonora.
De acuerdo con el presidente, Andrés Manuel López Obrador, el grupo empresarial solicitó se instale una mesa para revisar los estudios presentados por la secretaria del Medio Ambiente, María Luisa Albores González, el 12 de octubre pasado, en Palacio Nacional, a partir de los cuales esa dependencia “no acepta que se remedió el daño ambiental” y asegura que el derrame “no fue un accidente”, sino derivado de una negligencia.
El mandatario dijo que la intención de la empresa es remediar la grave contaminación del río.
La secretaria de Gobernación le contestó a GM que hay la mejor disposición para que se lleve a cabo este encuentro, el tiempo que se requiera.
El presidente comentó que se va a invitar también a los representantes de las personas afectadas del río Sonora.
Recalcó que el asunto no está resuelto. “Es un expediente abierto” y ya hay respuesta de la empresa.
En 2017 determinaron la extinción del fideicomiso habilitado para la remediación
El 15 de septiembre del 2014, Grupo México y la Profepa firmaron un convenio para, crear el Fideicomiso Río Sonora, con un fondo de 2,000 millones de pesos, como monto inicial que podría incrementarse según las necesidades, para atender los impactos causados por el derrame, sin embargo, según la Semarnat, éstos solo se entregaron 1,000 millones de pesos.
El Fideicomiso reportó un ejercicio de 1,232 millones de pesos, en conceptos agropecuarios, unidades económicas, jornaleros y prestadores de servicios, tomas de agua, tinacos, pipas, rehabilitación de pozos, potabilizadoras, organismos de agua municipales, diagnóstico ambiental, salud, comunicación social, servicios notariales y bancarios y libro blanco, con una aportación de 309 millones de pesos, que fueron pagados fuera del Fideicomiso, con aprobación de los integrantes del Comité Técnico.
Durante la aplicación de estos recursos, se encontraron irregularidades como la instalación de una planta potabilizadora en Bacanuchi que solo operó dos años, por falta de dinero para energía y pago de personal y el financiamiento de nueve plantas potabilizadoras más, de las que solo operó una durante un mes, debido a falta de fondos.
A pesar de no haber atendido satisfactoriamente las demandas de la población, en 2017 determinaron la extinción del citado fideicomiso, por lo que se inició una serie de acciones. En 2020 la Suprema Corte de Justicia de la Nación determinó que ese fideicomiso permaneciera abierto y que se reintegrara el patrimonio con el que contaba al momento de su extinción, a lo cual, Grupo México ha sido omiso.
Por su parte, Grupo México prefirió no hacer manifestaciones públicas, desde el 4 de octubre pasado, cuando señaló que tanto el Instituto Nacional de Ecología y Cambio Climático (INECC), como el Instituto Mexicano de Tecnología del Agua (IMTA), carecen de facultades para revisar la calidad de las aguas superficiales, pues eso le corresponde a la Comisión Federal de Riesgos Sanitarios (Cofepris), la de aguas subterráneas a la Comisión Nacional del Agua (Conagua) y la de los suelos a la Dirección General de Gestión Integral de Materiales y Actividades Riesgosas de la Semarnat.
Además, afirmó que los resultados que integran el documento difundido en días pasados por Semarnat, contradicen a los que han hecho públicos la Conagua y la Cofepris, los cuales están soportados por laboratorios acreditados por la Entidad Mexicana de Acreditación (EMA) y avalados por diversas instituciones.
Sostuvo que los estudios médicos, epidemiológicos y biológicos indican que no existió riesgo ni daño a la salud en la población del Río Sonora, como consecuencia del derrame. Incluso, mencionó que otro estudio realizado por la Secretaría de Salud Pública del Gobierno de Sonora, publicado en agosto de 2019, no encontró evidencia de diferencia alguna entre la morbilidad y mortalidad de esta zona con el resto de la población del estado, entre 2000 y 2019.
Por Diego Badillo
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