Sobrecarga de trabajo en el Poder Judicial Federal
En unos días iniciará la etapa de campaña electoral para miles de candidatas y candidatos a Ministros, Magistrados y Jueces en el ámbito federal. No debemos perder de vista que el 1 de junio de 2025 elegiremos a integrantes de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, del Tribunal de Disciplina, de la Sala Superior del Tribunal Electoral, de las Salas Regionales del Tribunal Electoral, así como a Magistrados de Tribunales Colegiados de Circuito y Jueces de Distrito.
El día de la jornada, únicamente en el ámbito federal, cada persona que acuda a las casillas instaladas por el INE recibirá seis boletas. En comparación con las boletas electorales de las elecciones ordinarias a las que estamos acostumbrados, estas cuentan con un grado de complejidad mucho mayor.
Por ejemplo, en la boleta destinada a la elección de Ministras y Ministros de la Suprema Corte de Justicia de la Nación se deberá seleccionar a nueve personas: cinco mujeres y cuatro hombres, de un total de ochenta y cuatro candidatos. La boleta se divide en dos secciones: en el lado izquierdo aparecen los nombres y números de cada una de las cuarenta y ocho candidatas mujeres, de las cuales se deben seleccionar cinco; en el lado derecho, aparecen los nombres de los treinta y seis candidatos hombres, entre los cuales se deben seleccionar cuatro.
Este ejercicio se replicará en cada una de las seis boletas de la elección federal, además de tres boletas adicionales correspondientes a la elección local, que contempla la renovación de algunos Magistrados del Supremo Tribunal de Justicia, de los Tribunales Regionales y de los Juzgados de Primera Instancia.
Sin embargo, el debate sobre la elección de integrantes del Poder Judicial Federal y Local ha desviado la atención de la situación actual en la impartición de justicia. No debemos olvidar que, en los últimos años, el presupuesto destinado al funcionamiento de los Tribunales y Juzgados del Poder Judicial de la Federación ha sufrido reducciones significativas, afectando directamente la calidad de los servicios. Además, no se ha considerado la apertura de nuevos juzgados y tribunales que permitan aliviar la importante carga de trabajo que hoy se enfrenta.
Antes de que finalice el primer trimestre del año, el Juzgado Octavo de Distrito reporta la admisión de 718 juicios de amparo indirecto, 607 juicios de carácter mercantil o civil y un promedio de 250 acuerdos diarios. Por su parte, el Juzgado Séptimo de Distrito informa sobre 815 juicios de amparo indirecto, 586 juicios mercantiles o civiles y un promedio diario de 260 acuerdos de trámite.
Un promedio de 250 acuerdos diarios en cualquier juzgado representa una sobrecarga de trabajo considerable. Para hacer frente a esta demanda, es imprescindible contar con personal calificado, así como con el material e infraestructura adecuados para desempeñar sus funciones en las mejores condiciones posibles. Lamentablemente, los recortes presupuestales aprobados en los últimos años por el Congreso de la Unión han impactado significativamente los sueldos del personal de las autoridades jurisdiccionales federales, así como los recursos materiales básicos.
La elección judicial del 1 de junio de 2025 traerá consigo el cambio de titulares en los Tribunales y Juzgados del país; sin embargo, los problemas relacionados con la carga de trabajo persistirán más allá de la elección. Hasta el momento, no se han previsto acciones concretas para solucionar esta situación. Vaya sorpresa se llevarán las personas que resulten electas; probablemente, más adelante pensarán que se han sacado la «rifa del tigre».
LIC. JUAN MANUEL ESCALANTE TORRES
