Insabi: así se puso punto final al proyecto de salud que no cumplió sus objetivos
Creado para brindarle cobertura de salud a poblaciones vulneradas por la pobreza, el Instituto de Salud para el Bienestar vio su fin sin haber cumplido sus objetivos y después de gastar más de 62 mil millones de pesos en compras públicas a lo largo de casi cuatro años de operaciones
ESPECIAL, mayo 8.- El fin del Instituto de Salud para el Bienestar (Insabi) se concretó vía fast track el pasado 25 de abril en la Cámara de Diputados gracias a la mayoría que poseen Morena y sus aliados.
Fue una extinción oficial, pues en los hechos, el instituto con el que el gobierno de Andrés Manuel López Obrador se propuso llevar salud a las poblaciones marginadas, ya transitaba para incorporarse al IMSS-Bienestar.
Cuatro años después de su inauguración, el proyecto concluyó con más de 2 mil 500 contratos firmados, 62 mil millones de pesos gastados y decenas de empresas beneficiadas, pero sin alcanzar sus objetivos, los cuales se basaron en lograr atención para las poblaciones que viven en pobreza.
De acuerdo con sus propias contrataciones, la historia del Insabi no ha concluido.
El instituto firmó cientos de contratos entre 2022 y 2023 cuya vigencia se extiende hasta los próximos meses de este año y todo 2024 por una suma de más de 15 mil millones de pesos.
Se tratan de contrataciones con empresas farmacéuticas para adquisición de medicamentos y equipo médico, pero también con una agencia de viajes para reserva de boletos de avión, con otra para suministro de agua y hasta con un testigo social para procedimientos de licitaciones públicas, de acuerdo con una revisión de Reporte Índigo en Compranet.
De los contratos vigentes que deja el Insabi, el mayor es por 2 mil 164 millones 535 mil 110 pesos con Pfizer S.A. de C.V. para la adquisición de 18 claves de vacunas para los ejercicios de 2023 y 2024.
El segundo en monto, también para adquirir sustancias inoculantes de esos mismos años, fue con Merck Sharp & Dohme Comercializadora por mil 370 millones 879 mil 984 pesos.
El tercero fue con Iare de Occidente para la compra de 618 claves de medicamentos también para 2023 y 2024, por 861 millones 763 mil 117 pesos.
Según la iniciativa presentada por el diputado de Morena, Emmanuel Reyes, para consolidar la extinción del instituto, todas sus funciones y contrataciones vigentes serán absorbidas por el IMSS Bienestar.
La Secretaría de Salud, que será la encargada de las gestiones para ponerle punto final a los trabajos del Insabi, dio un plazo de 180 días para que se transfieran los recursos humanos, financieros, materiales, inmuebles, derechos y obligaciones.
Así gastaba el Insabi
Cuando tomó posesión como primer mandatario el 1 de diciembre de 2018, López Obrador ofreció entre sus 100 compromisos “hacer realidad el derecho a la salud”.
Para cumplir, el 29 de noviembre de 2019, publicó en el Diario Oficial de la Federación la creación del Insabi.
El 1 de enero de 2020 el instituto inició sus funciones con el encargo de brindar atención y medicamentos a las personas sin seguridad social.
El padrón fue heredado del Seguro Popular, programa creado en el gobierno de Vicente Fox Quesada (2000-2006) y continuado por los gobiernos de Felipe Calderón Hinojosa (2006-2012) y Enrique Peña Nieto (2012-2018).
Desde entonces, el Insabi empezó sus compras públicas. En más de tres años de operaciones, firmó más de 2 mil contratos con un promedio de 25 millones de pesos, poco más de 62 mil 573 millones de pesos.
Tres de sus contrataciones superaron los mil millones de pesos y fueron realizadas entre 2022 y 2023.
Gilead Sciences México, subsidiaria de la estadounidense Gilead Sciences Inc, se llevó el más grande por 3 mil 38 millones 426 mil 128 pesos en la adquisición consolidada de 135 claves de medicamentos y bienes terapéuticos de patente para cubrir las necesidades de dependencias e instituciones nacionales y federales.
Pese a las advertencias
El instituto se echó a andar entre advertencias de fracaso provenientes de varias voces.
Carlos M. Urzúa, exsecretario de Hacienda del gobierno de Andrés Manuel López Obrador, criticó en enero de 2020, en una columna publicada en El Universal, la carencia de “sustento normativo, financiero y operativo”.
Con ello coincidió José Narro Robles, quien en febrero del mismo año, dijo en el evento “La Salud de las Instituciones Públicas”, en San Pedro Garza García, que el naciente organismo carecía de reglas de operación, lo que lo llevaría al declive.
Julio Frenk Mora, secretario de Salud del 2000 al 2006, expuso en marzo en la conferencia magistral denominada “Salud: la democratización interrumpida” en la UdeG de Guadalajara, que la falta de diseño financiero afectaría justo a los más pobres.
Después, de manera mancomunada con Salomón Chertorivsky, secretario de Salud de 2011 a 2012, publicó en Reforma el texto “Insabi: incertidumbre que mata”, en el que pronosticó el declive del instituto debido a la falta de reglas de operación y manuales.
En enero de 2020, el gobierno de López Obrador presentó el Plan Nacional de Salud con el Insabi en el centro.
El jefe del Ejecutivo anunció en ese momento que el nuevo organismo acabaría con la corrupción que, según él, afectaba los recursos del Seguro Popular.
Se ofreció cobertura universal, la centralización de la atención y la garantía del servicio con solo presentar la credencial de elector.
El Insabi, además, basificaría a 87 mil profesionales de la salud y reclutaría a médicos para que laboraran en zonas rurales.
Los pendientes
El Instituto de Salud para el Bienestar (Insabi) concluye sus gestiones mientras en su rastro de adquisiciones quedan pendientes señalados por la Auditoría Superior de la Federación (ASF).
De los años que el instituto operó, el ejercicio de 2021 –cuando aún se atendía la pandemia de COVID-19– resultó con mayores irregularidades por aclarar.
El órgano fiscalizador de la Cámara de Diputados señaló en su informe de la revisión de la cuenta pública de ese año que el instituto compró insumos médicos sin registro sanitario y contrató a proveedores con los precios más altos.
En compras que efectuó mediante un convenio con la Oficina de las Naciones Unidas de Servicios para Proyectos (UNOPs, por sus siglas en inglés), la ASF detectó que no se acreditaron algunos pagos y tampoco quedó comprobado el número de medicamentos entregados.
Además, la ASF documentó que la demanda de los hospitales públicos no quedó cubierta. De tres mil 485 claves de insumos requeridas por las instituciones sanitarias en noviembre de 2020, la UNOPS brindó solo mil 50; de modo que el Insabi hizo compras directas para adquirir los insumos faltantes.
Así se generó un universo de contrataciones millonarias sin que mediara concurso. En el historial de Compranet quedó registrada una suma de más de 13 mil millones de pesos en contratos, según una búsqueda de Reporte Índigo.
La adjudicación directa predominó: 714 contrataciones de 720 fueron por ese procedimiento.
La empresa GlaxoSmithKline México S.A. de C.V. se llevó la mayor contratación por 791 millones 715 mil 51 pesos.
Edvag Conceptos Comerciales firmó el segundo contrato de mayor monto por 710 millones 419 mil 248 pesos.
El tercero fue para Laboratorios de Biológicos y Reactivos de México S.A. de C.V. por 607 millones 701 mil 300 pesos.
Por esto, el instituto debe comprobar 751 millones 811 pesos de sus gastos.
La Auditoría también localizó el posible desfalco en las compras de medicamentos oncológicos.
En su informe señaló: “El Insabi (entidad consolidadora) no contó con la información respecto de la cantidad de medicamentos oncológicos entregados a cada una de las 32 Instituciones Públicas (IPP) por parte de la UNOPS, no obstante que se estableció que dicho instituto estaría a cargo de la distribución de los medicamentos y material de curación hasta su destino final”.
Salud mental, en el olvido
En 2020, cuando inició su proceso para sustituir al Seguro Popular, el Instituto de Salud para el Bienestar (Insabi) dejó de comprar medicamentos para enfermedades psiquiátricas.
De 2 mil 596 contratos firmados en cuatro años de historia, en los títulos de los expedientes de los contratos del Insabi, solo se encuentran 10 relacionados con la adquisición de medicamentos para la salud de la mente. En Compranet, en 2021, 2022 y 2023 no aparece ninguna contratación para abastecer ese tipo de insumos.
Visto así, el Insabi destinó 0.6 por ciento de su capacidad de contratación a los medicamentos para la salud mental.
Mientras tanto, organizaciones civiles describieron en sus informes un declive en la atención de las enfermedades de la mente.
Cero Desabasto reportó que en 2021 las patologías de este tipo fueron las que más quejas generaron por falta de medicinas. Las otras fueron cáncer, diabetes, post transplantes e hipertensión.
La Federación Nacional de Colegios, Sociedades y Asociaciones de Psicólogos de México A.C. le envió una carta al presidente Andrés Manuel López Obrador en la que señaló que el Insabi no contaba con las condiciones “para que las y los mexicanos desfavorecidos económicamente” accedieran a servicios públicos de salud mental suficientes.
A ello se añadió el informe “Números de Erario: gasto en salud a enero de 2022”, de México Evalúa, que indica que en los servicios otorgados por el Insabi, mientras en 2020 hubo 62 consultas psiquiátricas, la cifra llegó a cero en enero de los dos años siguientes.
El panorama de la carencia de medicinas para las enfermedades psiquiátricas se agravó porque el mayor de los diez únicos contratos que el Insabi otorgó se lo dio a Psicofarma el 10 de abril de 2020 por 102 millones 214 mil 341 pesos.
En septiembre del mismo año, la Secretaría de la Función Pública inhabilitó a esa empresa y le impuso una multa, lo que obstaculizó el suministro de los medicamentos comprados. Psicopharma logró un amparo para volver a venderle al gobierno mexicano.
Por Linaloe R. Flores
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