El Plan B no es austeridad, es control
Una de las implicaciones del Plan B es la eliminación de 8 de cada 10 plazas del Sistema Profesional Electoral, de acuerdo con un análisis. Es decir, es una reforma que no toca a los niveles superiores del INE, como pregona el discurso oficialista, sino a sus bases. El costo de las indemnizaciones se elevaría a 3 mil 500 millones de pesos, según cálculos del órgano electoral.
EMEEQUIS.- El segundo decreto Plan B por fin quedó publicado, y ya generó las primeras afectaciones contra el Instituto Nacional Electoral (INE). El secretario ejecutivo, Edmundo Jacobo Molina, fue cesado como lo mandata uno de los transitorios de la Reforma Electoral. En respuesta, el Consejo General del INE nombró a un encargado de despacho, mientras se resuelve su situación jurídica: este jueves un tribunal federal le concedió una suspensión provisional. También creó un comité técnico para avanzar en la implementación de las nuevas reglas electorales.
En medio de este proceso, la narrativa sobre los altos costos del INE se posicionó nuevamente como uno de los temas centrales en torno al Plan B. A esto se le sumó el asunto de las remuneraciones que recibía Edmundo Jacobo como secretario ejecutivo, así como los finiquitos a los que tienen derecho cuatro consejeros electorales, tras finalizar su cargo el próximo 3 de abril.
No es ningún secreto que la austeridad es la principal bandera del oficialismo para cambiar las reglas electorales, a unos meses de iniciar el proceso electoral para las elecciones presidenciales de 2024. Sin duda es un discurso que resuena en un país desbordado por la alta inflación, de bajos salarios y falta de prestaciones laborales. Pero también refleja la incongruencia y la opacidad del gobierno federal.
Amparados bajo ese discurso cometieron graves actos de derroche de recursos públicos. Dinero que pudo destinarse para asegurar la salud universal, la gratuidad de la educación superior y, de paso, superar el debate sobre los costos del INE.
Porque si comparamos el presupuesto anual, contra aquellas decisiones que le han costado muchísimo a los mexicanos, podemos empezar a notar que la austeridad no es el objetivo principal del Plan B.
Con el monto de cancelación del Aeropuerto de Texcoco, podría financiarse el INE durante 23 años. Si comparamos el sobrecosto de la Refinería Dos Bocas de 2022, serían ocho años. Los recursos extra que recibió el Tren Maya sin autorización de la Cámara de Diputados el año pasado, equivalen a dos veces el presupuesto del órgano electoral. Ni hablar de los daños a las finanzas públicas ocasionados por la corrupción en Segalmex de 2019 a 2021, los cuales superan el presupuesto anual del INE.
Entonces, si tenemos un problema del gasto público, ciertamente los casos más graves no los vamos a encontrar en el árbitro electoral. Ahora bien, ¿qué tanto nos cuesta el INE? Sólo representa el 0.2% del gasto federal. Eso quiere decir que, si el presupuesto federal equivale a 100 pesos, el órgano electoral cuesta 20 centavos.
Otro tema que pasa desapercibido es cómo se distribuyen los recursos públicos que administra el INE. En un año no electoral, casi la mitad de todo lo que recibe tiene dos destinos: el financiamiento público de los partidos políticos y la expedición de credenciales para votar.
Los recursos destinados a la Presidencia del Consejo General, así como de las y los consejeros electorales, apenas si representan el 1.5% del presupuesto que administra el INE. Por cierto, un dato que se omite son los apoyos que recibe la representación de los partidos políticos en el INE. Hablamos de oficinal, servicios como telefonía, alimentación, limpieza, y por supuesto, la nómina de los asesores.
Claro que es necesaria una discusión amplia sobre el presupuesto destinado al Sistema Político Electoral Mexicano, pero este nunca provendrá de la polarización y la revancha política.
Se debe tomar en cuenta que el INE es una institución con muchísimas atribuciones. No solo organiza elecciones, sino que también integra el padrón electoral y credencializa a la población, que monitorea medios locales y nacionales, que fiscaliza partidos políticos, que capacita y brinda educación cívica-electoral a millones de personas, que vigila el cumplimiento de las reglas electorales, que diseña y actualiza la cartografía electoral.
LOS COSTOS PRESUPUESTALES OCULTOS DEL PLAN B
De acuerdo con un análisis realizado por el INE, una de sus implicaciones es la eliminación de 8 de cada 10 plazas del Sistema Profesional Electoral. Es decir, es una reforma que no toca a los niveles superiores del INE, como pregona el discurso oficialista, sino sus bases. Solo por esta decisión el costo de las indemnizaciones se elevaría a 3 mil 500 millones de pesos, según cálculos propios del órgano electoral.
¿De dónde saldrán estos recursos? El Plan B establece que el INE deberá usar sus fideicomisos para su implementación. Originalmente ese dinero se destina al pago de pasivos laborales (como pensiones y jubilaciones), además del mantenimiento y ampliación de infraestructura electoral, como los módulos de atención ciudadana.
A eso se suma la prohibición de generar ahorros para nuevos proyectos o gastos imprevistos, como ocurrió con la organización de la elección extraordinaria de Tamaulipas que no requirió recursos adicionales de la hacienda federal, sino que fue sufragado con economías del INE.
Esta camisa de fuerza contra el órgano electoral contrasta fuertemente con las facilidades presupuestales que obtienen los partidos políticos, como generar ahorros que pueden usar en años posteriores. Incluso para ser usados en año de elección, poniendo en riesgo la equidad de las contiendas. Otra facilidad, es la transferencia sin límites en partidos locales y nacionales.
Dicho de otro modo. El Plan B no es austeridad, es control.
Por Juan Ortiz
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