Detectan irregularidades en proyectos de la Alerta de Violencia de Género en Sonora
Auditoría Superior de la Federación (ASF) detectó deficiencias en el ejercicio de los recursos para este programa que comenzó a implementarse en 2021
ESPECIAL, dic. 1.- A más de un año de haberse decretado en Sonora la Alerta de Violencia de Género contra las Mujeres (AVGM), grupos feministas coinciden en que no ha cambiado el actuar por parte de las autoridades, incluso la Auditoría Superior de la Federación (ASF) detectó deficiencias en el ejercicio de los recursos para este programa.
En la segunda entrega de los informes individuales del Resultado de la Fiscalización Superior de la Cuenta Pública 2021, la ASF indica que en la revisión individual realizada a la Comisión Nacional para Prevenir y Erradicar la Violencia Contra las Mujeres (Conavim), se desprende que en Sonora existieron deficiencias en el ejercicio de los recursos para la ejecución de proyectos de alerta de género, realizados por el Instituto Sonorense de las Mujeres.
Durante el anuncio de la activación de la Alerta de Género en Sonora, se informó que se ejecutarían 29 acciones en materia de prevención, seguridad, justicia y reparación del daño para las mujeres y niñas de Sonora.
El documento presentado a finales de octubre indica que de la revisión efectuada al Gobierno del Estado de Sonora, dos proyectos de la AVGM, realizados por el Instituto Sonorense de las Mujeres, en uno no se verificó que se iniciara oportunamente el procedimiento de contratación de las instituciones académicas, toda vez que, las invitaciones efectuadas a las instituciones citadas para participar en la contratación fueron de fecha 28 de septiembre de 2021 y el Convenio de Coordinación se formalizó el 22 de junio de 2021.
No verificaron que se reintegrara oportunamente a la Tesorería de la Federación los subsidios federales no ejercidos por 1,485.7 miles de pesos, toda vez que éstos fueron transferidos por la Conavim desde el 13 de agosto de 2021 y fueron reintegrados hasta el 11 de enero de 2022.
Además, de tres objetivos específicos del proyecto para la “Atención a mujeres víctimas de violencia en peligro de sufrir feminicidio”, no se verificó que se contara con la totalidad de la documentación que sustentó el cumplimiento de éstos ni de las actividades específicas.
Tampoco supervisaron que ocho prestadores de servicios profesionales contratados acreditaran su capacitación en materia de derechos humanos y perspectiva de género, ni verificaron que los recursos autorizados para el proyecto por 1,710.6 miles de pesos (74.8% del total del proyecto) se destinaran oportunamente al cumplimiento de los objetivos específicos señalados en el Convenio de Coordinación, los cuales no fueron reintegrados a la Tesorería de la Federación.
Asimismo, en el Resumen Financiero del Acta de Cierre del proyecto citado no se señaló la totalidad de los recursos ejercidos durante la vigencia del proyecto, la disponibilidad financiera, los intereses generados y el saldo al cierre del periodo.
En lo que corresponde a la ejecución del proyecto de Creación del Centro de Justicia para las Mujeres en San Luis Río Colorado, de la visita a la obra del contrato de obra pública sobre la base de precios unitarios y tiempo determinado, se identificó que la Secretaría de Infraestructura y Desarrollo Urbano (Sidur) del Gobierno del Estado de Sonora, dependencia ejecutora de la obra, realizó modificaciones al proyecto original.
Las cuales consistieron en incluir refuerzos estructurales en las columnas de acero, lo cual, generó un costo adicional por 619.8 miles de pesos, sin que se justificara ni comprobara cuáles fueron las razones de asignación de recursos, tampoco se demostró documentalmente la forma en que dichos cambios aumentarían la rigidez, resistencia y seguridad de la estructura, además, de que los cambios ocasionaron que no se cumpliera con el plazo establecido para su conclusión del 20 de diciembre de 2021.
Aunado a que la Sidur, por conducto de su residencia de obra, autorizó el suministro y colocación de diversos conceptos sin contar con los certificados de calidad del acero, las pruebas de resistencia a la tensión, de compresión y de límite elástico.
Feministas no son tomadas en cuenta
Pese a ser parte de las personas que solicitaron se activara la Alerta de Género en el Estado, a través del Observatorio Nacional de Feminicidio en Sonora, Silvia Núñez Esquer comentó que no ha sido incluida en el proceso de proyectos a realizar.
Indicó que no puede opinar mucho sobre los cambios realizado desde el 20 de agosto del 2021, cuando se anunció la activación de la Alerta de Violencia de Género contra las Mujeres, así como de una serie de medidas a realizar.
“Uno de los problemas con la Alerta de Género, es que no nos han querido incluir en el Grupo de trabajo, ni nos dan nada de información, a pesar de que somos las peticionarias”, expresó.
La periodista y activista social dijo que ante lo hermético del proceso y la falta de transparencia no existe mucha información de lo llevado a cabo.
Lo anterior, sumado a que en la página internet Conavim tampoco existe información al respecto del estado en el que se encuentra dicha alerta.
Durante el anuncio de la activación de la Alerta de Género en Sonora, se informó que se ejecutarían 29 acciones en materia de prevención, seguridad, justicia y reparación del daño para las mujeres y niñas de Sonora.
Así como reforzar las tareas de búsqueda, la localización de mujeres desaparecidas, el presupuesto con perspectiva de género y los procesos de capacitación a quienes procuran e imparten justicia. Además cómo mejorar los registros estadísticos.
Ante esto, Silvia Núñez consideró que no se ha cumplido, debido a que en cuestión de fortalecer las tareas de búsqueda, sólo se empezó a emitir de vez en cuando el Protocolo Alba, instrumento especializado en búsqueda inmediata de mujeres con reporte de desaparición.
“Sin embargo, además de que no se emite en todos los casos, cuando se hace, es con días de diferencia de la desaparición, y del reporte de familiares, por lo que se pierden los primeros días para búsqueda en vida como es el espíritu del Protocolo Alba. No se ha hecho lo suficiente”, indicó.
En el caso del presupuesto, dijo, que se continúa pensando en lo general y al parecer solo se ha instruido a las dependencias e instituciones involucradas para que en la erogación agreguen la frase “con perspectiva de género”, para contarlo en la bolsa dedicada a promover y transversalizar la igualdad de géneros.
Mientras que los registros estadísticos se ha visto una mejoría a partir de que el Sistema Nacional de Seguridad Pública acordó que todas las fiscalías y procuradurías tendrían que alimentar la base de datos nacional con cifras generadas directamente de carpetas de investigación.
“Las instancias locales han seguido la instrucción y ahora cuentan con cifras actualizadas. Sin embargo, el Banco estatal de datos sobre violencia de género sigue sin actualizarse a la par que el reporte del Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública”, detalló.
Por último, en lo que se relaciona a fortalecer los procesos de capacitación a quienes procuran e imparten justicia, Silvia Núñez consideró que tanto los ministerios públicos, como jueces, menosprecian las denuncias de las mujeres cuando éstas son las víctimas, aún si se trata de delitos de violencia de género. En cambio cuando el demandante es el agresor que ellas denunciaron, hay una tendencia a que tanto ministerios públicos como jueces apoyen las demandas del varón agresor.
En conclusión, opinó que aún hace falta mucho trabajo a realizar por parte del Gobierno Federal y Estatal a fin de que instrumente una verdadera política pública de prevención de la violencia, que tomen en serio la denuncia de violencia de género.
Así como que dejen de romantizar el matrimonio tradicional, ya que se ha demostrado que es un esquema que ya no funciona y que debe ser una estructura familiar que cada quién decida y no que sea promovida por las propias autoridades.
“La violencia social generalizada, de características de guerra armada tiene a las mujeres en riesgo permanente de morir en ataque directo por hombres conocidos o familiares, así como por ser víctima colateral”, agregó.
Los números bajan, pero la violencia no
La investigadora y directora del Observatorio Sonora por la Seguridad, Krimilda Bernal Hoyos, detalló que año tras año los números de casos registrados por el delito de feminicidio fluctúan, por lo que no es indicador para medir la violencia en contra de mujeres.
Dijo que aun cuando los números de feminicidios suben y bajan estadísticamente, lo verdaderamente preocupante es que el número de desapariciones de niñas y mujeres va en aumento, principalmente en los casos conocidos comúnmente como “levantones”.
Krimilda Bernal que pese a que la Alerta de Género fue activada el 20 de agosto de 2021 en Sonora y que las medidas fueron extendidas a los 72 municipios, principalmente en Cajeme, Empalme, Guaymas, Hermosillo, Nogales y San Luis Río Colorado no ha cambiado, ni solucionado nada.
“Este tipo de mecanismos para reducir la violencia hacia mujeres, niñas y adolescentes, no soluciona la violencia, no es como que se active este protocolo y ya se deja de vivir la violencia, abusos o desapariciones, por lo que estas violencias continúan y no se reducen”, expresó.
Comparando los meses de este año con el mismo periodo del 2021, el delito de feminicidio está a la baja y marcan una reducción, pero, indicó, se requiere una medida integral para ver resultados óptimos.
Añadió que una de las principales acciones a realizar por parte de las autoridades de justicia es que el tiempo en que se tarda el dictar una sentencia en contra de un feminicida sea menor, concluyó.
Proponen tipificar en Sonora intento de feminicidio
En lo que va del año se han registrado 19 homicidios en contra de mujeres, los cuales en su totalidad han sido catalogados como feminicidios debido a que desde noviembre del 2013, en Sonora, toda muerte de una mujer, en circunstancias de violencia, es investigada como tal y con base a un protocolo especializado.
Claudia Indira Contreras, fiscal general de Justicia del Estado, aseguró que actualmente la capacidad de resolución de los casos de feminicidio es de más del 98.3%; y se han otorgado 173 sentencias condenatorias.
Mientras que en el Congreso del Estado la diputada del Partido Acción Nacional (PAN), Alejandra Noriega López presentó ante el pleno la propuesta de que el delito de feminicidio en grado de tentativa también sea sancionado y que conlleve una pena de prisión no menor a las dos terceras partes de la sanción mínima prevista para el delito consumado y que, al responsable, el juez también lo condene al pago de la reparación del daño a favor de la víctima o de quienes le subsisten.
Por el momento la propuesta se encuentra en estudio en la Comisión de Justicia y Derechos Humanos a fin de que sea modificado el Código Penal del Estado de Sonora.
Feminicidios en Sonora en los últimos cuatro años
- 2018: 31
- 2019: 37
- 2020: 30
- 2021: 42
Acciones ante el anuncio de la Alerta de Género en Sonora
- Ejecutar 29 acciones en materia de prevención, seguridad, justicia y reparación del daño para las mujeres y niñas de Sonora.
- Reforzar las tareas de búsqueda y localización de mujeres desaparecidas.
- Fortalecer el presupuesto con perspectiva de género.
- Mejorar los registros estadísticos.
- Fortalecer los procesos de capacitación a quienes procuran e imparten justicia.
Por Reyna Gámez
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