La pelota está en la cancha de Durazo
ESCENARIO POLÍTICO
José René Rosas
La controversia desatada por los aumentos al predial que corresponde al municipio de Navojoa, que en consecuencia enfrenta una creciente inconformidad ciudadana traducida en marchas y manifestaciones sociales, tiene su origen en la aprobación de la Ley de Ingresos y Presupuesto de Ingresos 2025 promulgada por esta soberanía; el documento oficial emitido por el Poder Legislativo contiene inconsistencias, omisiones e irregularidades que deben ser revisadas, subsanadas o en su defecto, la derogación de la citada ley. En este contexto, no hay excusa para que el reclamo social sea ignorado como hasta ahora, el rechazo ciudadano es sustentado, la razón legal está de parte de los navojoenses.
Al margen de responsabilidades en la esfera municipal, el deber legal es facultad del Congreso del Estado como la instancia emisora de una legislación en materia tributaria que no es aceptada por los contribuyentes, en este caso un segmento importante de habitantes de esta municipalidad pero también de los sectores productivos, comercio, industria y empresas en general, una situación real que converge en dos frentes que defienden un mismo punto
En el ámbito popular, los ciudadanos comunes de todos los estratos citadinos han mostrado su postura participando en sendas marchas y mediante opiniones en medios de comunicación, así como en la tribuna que ofrecen las redes sociales; en esta ruta, se inscribe el activismo del Frente Familiar de Navojoa, un movimiento que ha tomado la escena pública para manifestar el rechazo a la carga impositiva al considerar excesivos los incrementos en las tasas del predial, de hasta 300 por ciento, pidiendo una reconsideración de las autoridades en turno respecto a bajar las contribuciones conforme a la realidad económica de las familias. Vale decirlo, este reclamo genuino no ha sido atendido.
En lo jurídico, resulta indicativo el aumento en el número de recursos legales que empresas y comerciantes están interponiendo contra la medida impositiva, mediante amparos exigiendo la protección de la justicia por cobros indebidos y desproporcionados. Para gestionar el recurso de amparo, las personas físicas o morales deben primero pagar al ayuntamiento su respectivo requerimiento y, posteriormente, si así lo deciden, acudir al Juzgado de Distrito que conozca del caso, aquí la instancia receptora es número ocho, a donde están acudiendo parte de los inconformes.
Es por demás sintomático que empresas reconocidas y con arraigo en el municipio, estén dando este paso en señal de inconformidad, hasta ahora se pueden citar, entre éstas, a Vimifos, del ramo de alimentos para ganado y especies marítimas, Aceites del Mayo y más recientemente Celulosa y Corrugados de Sonora, industrias que innegablemente proporcionan cientos de empleos en la región y que están siendo afectadas la situación imperante.
Sin embargo, para que la problemática tenga visos de solución integral y por un necesario estado de derecho, lamentablemente ello depende de la voluntad política del gobierno estatal en turno. Así es, el régimen de Morena y el gobernador Alfonso Durazo Montaño tienen la “bola en la mano”, el mandatario en su papel de jefe político absoluto, debe instruir al Congreso del Estado, el poder legislativo dominado por Morena y sus aliados, que obren en consecuencia derogando la Ley de Ingresos 2025 para el municipio de Navojoa, de lo contrario estarían demostrando una vez más, que sus intereses se ubican demasiado distantes de la entera población sonorense y, en específico en el caso que nos ocupa, de los ciudadanos navojoenses.
