Inai reactivado
ESPECIAL, ago. 24.- Para que pueda sesionar el pleno del Instituto Nacional de Acceso a la Información (Inai), la ley señala un quórum de al menos cinco de los siete comisionados que lo integran. Como sabemos, dos vacantes han estado pendientes desde el año pasado y una tercera vacante ocurrió en abril pasado, con la consecuencia de paralizar de facto al instituto desde entonces.
Por fortuna, ayer, la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación resolvió un recurso de reclamación (relacionado con la controversia constitucional 280/2023) mediante el cual se autoriza que el pleno del Inai pueda sesionar con sólo cuatro de los siete comisionados que integran su pleno. Se trata de un remedio transitorio y excepcional, pero urgente: en cuanto el Senado designe cuando menos una de las vacantes existentes, la regla de quórum volverá a ser de cinco integrantes. Los ministros Alberto Pérez Dayán, Luis María Aguilar y Javier Laynez votaron a favor, mientras que la ministra Yasmín Esquivel votó en contra y Loretta Ortiz no estuvo presente.
Con esta resolución concluye un impasse de 145 días, un periodo en el que se acumularon más de 8 mil 200 recursos pendientes de votación en el pleno del instituto. Hay que decirlo con toda claridad: la omisión de la Cámara de Senadores viola las obligaciones que señala el artículo sexto constitucional. Paralizar de facto al pleno del Inai, vulnera de manera reiterada derechos fundamentales de un sinnúmero de ciudadanos, al impedir que este órgano autónomo atienda sus reclamos y garantice el derecho de acceso a la información, es decir, a saber y conocer información de interés público —por más incómoda que ésta le pueda resultar al gobierno en turno—, así como a proteger sus datos personales.
Para garantizar el ejercicio del derecho de acceso a la información, la Cámara de Senadores está obligada a designar siete comisionados del Inai mediante el voto de dos tercios de sus miembros presentes, una mayoría calificada. En caso de que el Presidente de la República objete alguna designación, como ocurrió hace unos meses, el Senado puede designar las vacantes mediante el voto de tres quintas partes.
Más que un problema de capacidad de negociación —podría ocurrir que la oposición no estuviera dispuesta a apoyar ninguna propuesta de la mayoría oficialista, o viceversa—, este lamentable episodio refleja con nitidez una voluntad expresa del Ejecutivo y sus mayorías legislativas por paralizar a un organismo constitucional autónomo a sabiendas de que vulneran derechos humanos de las y los mexicanos.
No se trata de un episodio aislado: hay vacantes en las salas regionales del Tribunal Electoral y en docenas de tribunales locales. En noviembre de este año deberán reemplazarse dos magistraturas de la Sala Superior del Tribunal Electoral y podrían tener la misma suerte que las vacantes del Inai. El que la más reciente renovación en el Consejo General del INE ocurriera mediante una tómbola se debió, por un lado, al mandato constitucional existente y, por otro lado, a una voluntad expresa: en múltiples ocasiones tanto el Presidente, como sus operadores legislativos, manifestaron que no negociarían nada con la oposición.
¿Cuándo fue la última vez que el Presidente o sus coordinadores legislativos invitaron a las bancadas de oposición a construir acuerdos para reformar la Constitución, o bien aprobar las designaciones que corresponden a una u otra Cámara? ¿Ha escuchado a algún aspirante a la candidatura presidencial de Morena pronunciarse por la negociación legislativa o la construcción de acuerdos para consolidar la transformación? A decir del Presidente y la exjefa de Gobierno, la ruta deseable es que Morena consiga mayoría calificada en ambas Cámaras para poder legislar y designar sin la molestia de negociar. En una democracia, ¿es defendible una supuesta transformación que no está dispuesta a rendir cuentas ni a negociar?
Por Javier Aparicio
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