Resarcimiento sin justicia: la intervención fallida en los pueblos originarios de Sonora

Los pueblos originarios de Sonora enfrentan dos realidades alternas que amenazan su autonomía y su herencia cultural tradicional.

Por un lado, los Planes de Justicia en Sonora implementados desde el gobierno federal han incorporado a la narrativa oficialista el reconocimiento de los derechos de las comunidades indígenas, pero de igual manera estos ejercicios de resarcimiento han sido ejecutados desde una visión centralista ajena a las demandas de sus habitantes.

“Hemos visto una mayor visibilidad pública del tema, así como el esfuerzo por incorporar en la narrativa estatal el valor de las culturas originarias como un eje identitario de cohesión”, afirma en entrevista la gestora cultural Diana Reyes.

“Sin embargo, para hablar de un verdadero avance estructural, debemos ir más allá del discurso y centrarnos en el territorio. La cultura vive en la acción, no solo en el reconocimiento simbólico”.

Para el sociólogo, investigador y promotor cultural Tonatiuh Castro Silva hay dos momentos que fueron puntos de inflexión en las relaciones que existían entre las comunidades y las autoridades tradicionales de los pueblos indígenas de Sonora y el estado.

“Dos casos particulares de esa época de confrontación fueron la construcción del Acueducto Independencia por parte del Gobierno del Estado de Sonora, en aquel momento encabezado por Guillermo Padrés Elías, y pocos años después la construcción del Gasoducto Sonora”.

Hace diez años se vivía así un ambiente de crispación de los ánimos, donde hubo confrontaciones armadas, detenciones, privaciones de la libertad, encarcelamientos y procesos legales de una parte contra la otra.

Lo anterior llevaría a la implementación de acciones para resarcir los daños históricos que se efectuaron contra estos pueblos, a través de una serie de proyectos gubernamentales denominados Planes de Justicia y Desarrollo Integral de los Pueblos y Comunidades Indígenas.

“Sin embargo, estos planes se merecen una evaluación. No por el solo hecho de que existen podemos asumir de antemano que efectivamente ocurrió el resarcimiento histórico y, por otro lado, que se llevaron a cabo una serie de actos de justicia”, continúa Castro Silva.

Crisis de vivienda

Uno de los proyectos más contraproducentes ha sido el dedicado a la vivienda, pues parte de un supuesto desarrollista occidental, implementando un prototipo de vivienda ajeno a la arquitectura vernácula.Uno de los proyectos más contraproducentes ha sido el dedicado a la vivienda indígena, pues parte de un supuesto desarrollista occidental, implementando un prototipo de vivienda ajeno a la arquitectura vernácula.

“Se puede considerar el proyecto más invasivo que se ha ejecutado en un territorio indígena del país”, enfatiza Castro Silva.

“En algunos asentamientos, como es el caso de Tórim, podemos encontrar que durante el porfiriato llegó la arquitectura neoclásica. Pero en ninguno de esos casos podemos encontrar esta invasión que permeó tanto en los asentamientos como en el territorio en su conjunto”.

Así, las obras de construcción implementadas por el Plan de Justicia para el Pueblo Yaqui trastocaron la vida cotidiana al introducir edificaciones de concreto y ladrillo, alterando la vivienda vernácula yaqui que consiste en la técnica del bahareque, una mezcla de material vegetal con tierra, lodo y carrizo.

Incluye también una técnica constructiva y conceptos socioespaciales que han permitido al pueblo yaqui vivir por siglos en un ambiente interior adecuado. Se enfrentan ahora ante esta disyuntiva de llevar a sus familias al interior de edificaciones que requieren de electricidad como una condición para vivir en este entorno que en realidad es una área de secado”.

La situación remite a lo ocurrido en el territorio comcáac durante el mandato de Luis Echeverría a mediados de los años setenta, donde fueron prefabricadas casas de concreto a la orilla del mar, dando como resultado viviendas ajenas al entorno que se convirtieron en construcciones inhóspitas.

“Por lo tanto fue un antecedente de este sistema que aparece 50 años después. En cuanto a la red de distribución de agua y de drenaje que se han estado construyendo, al no tener un rigor técnico están afectando el territorio yaqui. Las vialidades de los asentamientos son riesgosas, a partir de que estas tuberías no han sido construidas de una manera apropiada”.

Lastres

En septiembre del año pasado, el Gobierno de México reveló que se habían invertido 782.5 millones de pesos en el Plan de Justicia del Pueblo Comca’ac-Seri y 435.7 millones en el Guarijío-Makurawe. Para el verano de 2023 la inversión sumaba 391.4 millones en el Plan Yaqui y 300 millones en el Yoreme-Mayo, superando los 14 mil 452 millones de pesos en los cuatro Planes de Justicia de Sonora.

Sin embargo, parte de esta inversión se convirtió en un lastre para el desarrollo social, tal y como cuenta Tonatiuh Castro Silva para el caso del territorio yaqui.

“En áreas deportivas se construyeron cubículos para que se guarden equipos como uniformes y se preparen los niños y adolescentes. Pero ahora esos casilleros, ideados por un arquitecto de forma etnocéntrica, son de uso indebido. Van ahí algunas personas, pero no precisamente a realizar actividades deportivas”, deja en entredicho.

“¿Qué ocurrió con tinacos, tuberías de ciertas instalaciones y el alambrado de algunas edificaciones? Fueron hurtados y vandalizadas, y fue necesario aplicar nuevamente recursos porque no existían programas o proyectos que pusieran en acción inmediatamente estas edificaciones, que es el propio caso de la Universidad del Pueblo Yaqui”.

La institución inició las clases de su primera generación en agosto de 2023 con una inversión de 56.5 millones de pesos, tras terminar su construcción en mayo de 2022.

“Al rector se le entrega la estafeta de autoridad de la universidad muchísimo tiempo después de que la edificación hubiera sido concluida, y por lo tanto, como ocurriría en cualquier otro sitio del área rural urbana, había sido ya vandalizado y fue necesario que las autoridades invirtieran de nuevo recursos”.

Lo anterior, dice Castro Silva, obedece a la falta de sistematicidad en los Planes de Justicia en Sonora y a que la conclusión de la mayor parte de las obras coincidió con el cambio de mandato en la presidencia de México.

“Trastocó la dinámica de la ingeniería arquitectónica, que debería ser ajena a estas transiciones administrativas. La naturaleza de cada proyecto se entrega a la autoridad estatal, como la Comisión Estatal del Deporte o autoridades tradicionales en ciertos casos”, continúa el investigador.

“Pero qué va a ser la Comisión al recibir el encargo de una obra magna que no fue ideada por la propia dependencia en su interior y que carece del presupuesto requerido, que estando en sus propias manos hace seis o diez años atrás ni siquiera habían asumido el compromiso. La categoría justicia debe ser sustituida prácticamente por la categoría del resarcimiento técnico de la remediación”.

La situación, paradójica, es que otros pueblos que no fueron atendidos como los Tohono O’odham-Pápagos en Quitovac y San Francisquito no han sido alterados, lo que los hace candidatos para inversiones futuras que lleguen a buen puerto.

“Es tragicómico que esta ausencia de obras en este punto de la historia pudiera considerarse una ventaja para los pápagos, los cucapá y los kikapú”, concluye el investigador.

“Sus asentamientos no han tenido esta intervención ingenieril que sí afectó al pueblo yaqui. En el caso del pueblo comcáac o seri no fue tan invasivo, de tal manera que estas obras pueden tomar un buen curso de aquí a los años venideros”.

Información de: oem.com.mx/elsoldehermosillo