Parlamento abierto

                El 4 de noviembre de 2021, es decir, hace apenas tres años, se modificó el artículo 29 de la Constitución del Estado de Sonora para introducir a rango constitucional la figura del Parlamento Abierto. El objetivo de esta reforma fue establecer que el Congreso del Estado realice sus funciones con apego a esta figura, lo cual implica un compromiso con la transparencia, la rendición de cuentas, la evaluación del desempeño legislativo y, sobre todo, el fomento a la participación ciudadana.

                Los objetivos de que el Poder Legislativo trabaje bajo el esquema de Parlamento Abierto son: a) Fortalecer la democracia, al involucrar a la ciudadanía en el proceso legislativo y procurar que las leyes respondan mejor a las necesidades y opiniones de la sociedad; b) Aumentar la confianza ciudadana, ya que la transparencia y la rendición de cuentas pueden ayudar a reducir la mala imagen de los legisladores; y c) Mejorar la calidad de las leyes, al involucrar a expertos, organizaciones y ciudadanos en el proceso legislativo, lo cual enriquece y mejora la calidad de las leyes.

                Como parte del proceso legislativo, al crear nuevas leyes y al analizar reformas o adiciones a las ya existentes, los diputados locales tienen la facultad de organizar foros de análisis y discusión sobre los temas a tratar. También pueden divulgar información relacionada en diferentes plataformas digitales y redes sociales, para que la ciudadanía interesada tenga pleno conocimiento del trabajo que se desarrolla en el Congreso del Estado de Sonora.

                Después de tres años de haberse aprobado esta importante reforma a nuestra Constitución local y a la Ley Orgánica del Poder Legislativo, deberíamos estar compartiendo casos de éxito en relación con la aplicación del Parlamento Abierto: casos en los que la participación de la ciudadanía, en coordinación con los diputados locales, haya propiciado la generación de normas de excelencia.

                Lamentablemente, vienen a la mente dos casos recientes que ejemplifican que nuestros legisladores hacen todo lo contrario a lo que marca la Constitución y la ley: desatienden la obligación de propiciar la participación ciudadana y terminan aprobando leyes y reformas «en lo obscurito», únicamente analizadas por ellos mismos.

                Uno de estos ejemplos es la aprobación de la Ley de Bienestar Animal para el Estado de Sonora, que nunca fue socializada por los diputados y fue aprobada pocos días después de la entrada en funciones de la nueva legislatura. Esto provocó una serie de manifestaciones y protestas de ciudadanos inconformes con la ley, lo que llevó a que los mismos legisladores tuvieran que rectificar lo que originalmente habían aprobado.

                Otro caso es la aprobación de la reforma a la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos en relación con la Supremacía Constitucional, aprobada el pasado 30 de octubre, primero por la Cámara de Diputados en la Ciudad de México, para que, apenas unas horas después, en una sesión extraordinaria que comenzó a las 8:30 p. m., fuera aprobada sin mayor trámite por el Congreso del Estado.

                Curiosamente, quienes primero se apartan de las leyes que ellos mismos aprueban son los propios legisladores, evidenciando que el Parlamento Abierto es una figura que sólo se utiliza a su conveniencia. Cuando desean aparentar que les interesa la opinión y participación de la ciudadanía, transparentan y abren el proceso legislativo.

                Sin embargo, la figura de Parlamento Abierto debe entenderse como un derecho de los ciudadanos que debe ser respetado en todo momento por la autoridad. Nos corresponde exigir este derecho y propiciar que todas y cada una de las leyes y reformas que apruebe el Congreso del Estado cuenten con el visto bueno de la ciudadanía.

LIC. JUAN MANUEL ESCALANTE TORRES

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