De jueces a jueces
Le pregunté a la IA: ¿qué es un juez? Y me respondió lo siguiente:
«Un juez es una autoridad dentro del sistema judicial encargada de interpretar y aplicar las leyes en casos concretos. Su función principal es resolver disputas, garantizar que se cumpla la ley y proteger los derechos de las personas».
En nuestro entorno, existen personas que utilizan ese término de forma incorrecta o imprecisa, para referirse a diversas autoridades con funciones que no encuadran totalmente en la descripción anterior.
Hemos escuchado cómo se utiliza el término «juez» para referirse a los oficiales del Registro Civil, quienes son los funcionarios públicos encargados de celebrar actos del estado civil, como el matrimonio, el registro de nacimientos o defunciones. Esto es incorrecto.
Otra imprecisión ocurre cuando se menciona a los jueces calificadores o jueces de barandilla. Estas personas se encargan de aplicar el Bando de Policía en los municipios. Si bien tienen ciertas funciones para resolver conflictos menores, su capacidad de actuación es limitada y no forman parte del sistema judicial.
Ahora bien, entre los funcionarios públicos que sí encuadran en la definición aportada por la inteligencia artificial, podemos hacer algunas precisiones. Existen jueces y magistrados que integran el Poder Judicial de cada una de las entidades federativas. Estas autoridades jurisdiccionales de primera y segunda instancia están organizadas por materia: penal, civil, familiar, mercantil, laboral, entre otras, y cuentan con un ámbito de competencia para realizar sus funciones, establecido por la ley.
En estos juzgados de primera y segunda instancia se resuelven controversias entre particulares sobre temas como conflictos de inmuebles, arrendamientos, contratos, adeudos comerciales, delitos, divorcios, pensiones alimenticias, sucesiones, despidos injustificados y un largo etcétera.
Por último, tenemos a los jueces, magistrados y ministros federales, quienes desempeñan funciones trascendentales, entre las que destacan dos:
a) Revisar la legalidad, constitucionalidad y/o convencionalidad de las resoluciones de los jueces y magistrados de primera y segunda instancia, actuando como última instancia en la solución de controversias entre particulares.
b) Brindar protección directa a las personas ante violaciones de derechos humanos cometidas por las autoridades del país. Por ejemplo, en casos de detenciones indebidas o negligencia médica.
Estamos a pocas horas de que venza el plazo de la convocatoria para participar como candidatos en el proceso electoral de 2025. Este proceso tiene como objetivo la elección directa de jueces, magistrados y ministros que integrarán, a partir de septiembre del próximo año, gran parte del Poder Judicial Federal. Se trata de una convocatoria abierta, con requisitos muy simples, que permite a cualquier licenciado en Derecho registrarse y estar en posibilidades reales de convertirse en titular de un juzgado federal.
La intención del presente texto es contextualizar, de forma general, lo que estará en juego en las urnas en el año 2025. No vamos a elegir a quien nos case próximamente, ni al funcionario que nos imponga una sanción administrativa por una falta al Bando de Policía, ni a la autoridad que emitió una sentencia de divorcio en primera instancia. Se trata de elegir a los jueces, magistrados y ministros que serán nuestra última instancia. Aquellos que tendrán en sus manos la resolución definitiva de un conflicto y a quienes confiaremos nuestra libertad, el patrimonio de nuestra familia o incluso la vida de un ser querido.
Ojalá que las personas que se registren cumplan con la regla más importante para la honestidad, que sean capaces de ejercer el puesto al que aspiran. Nosotros, como ciudadanos, debemos asumir la responsabilidad de elegir correctamente.
LIC. JUAN MANUEL ESCALANTE TORRES
