Diez partidos con registro en Sonora, gastarán 210 millones de recursos públicos en esta elección; un precio muy alto para tan pobres resultados de gobierno
ESCENARIO POLÍTICO
José René Rosas
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El monto del financiamiento público a los partidos, alianzas y coaliciones, que tienen participación en el proceso electoral 2024 en Sonora, oscila entre los 210 millones de pesos, asignados según el porcentaje de votación obtenida por los organismos políticos, en la jornada electiva inmediata anterior, es decir, los comicios del 2021 pasado.
Las prerrogativas entregadas a los partidos se ministran en tres etapas, un financiamiento inicial para actividades ordinarias, una segunda ministración para acciones específicas y una tercera aportación para los gastos de la campaña proselitista, recursos públicos que suman exactamente 209 millones 613 mil 371 pesos, partida total que a través del Instituto Estatal Electoral y de Participación Ciudadana de Sonora, IEES, se adjudicó a diez distintos partidos con registro en estado.
De esta decena de organizaciones políticas la partida mayor se etiquetó a Morena con una remesa al inicio del año electoral de 40 millones 260 mil 988 pesos, una segunda entrega de 1 millón 207 mil 830 pesos y otro tercio del orden de los 12 millones 078 mil 396 pesos, para ejercerse en las campañas del 1 de marzo hasta la conclusión de la contienda el 29 de mayo, previo al 02 de junio, día de la votación ciudadana. En total el financiamiento público recibido por Morena alcanzó 53 millones, 547 mil 214 pesos, en alrededor de siete meses a partir del arranque oficial del proceso electivo 2023-2024.
Asimismo, también en tres partes, el resto de los partidos recibió los recursos económicos, el segundo mayor financiado fue el PRI, obtuvo una cifra aproximada a los 32 millones de pesos , le siguió el PAN, con alrededor de 24 millones.
Al respecto, Movimiento Ciudadano, MC, se agenció 18.5 millones, mientras que el Partido del Trabajo, PT, se adjudicó 18.4 millones, apenas cien mil pesos menos que MC; para Nueva Alianza Sonora, el monto registrado fue de 14 millones, seguido del Partido Verde con 13.7 millones, luego el PRD recibió 12 millones para gastos de campaña, 11 millones más para el PES Sonora y por último el Partido Sonorense, PS, en su primera incursión electoral como organismo político estatal, sumó para su causa alrededor de 4 millones de pesos de dinero público.
A esta exhorbitante danza millonaria, habría que agregar las aportaciones que se realizan a las campañas mediante conductos no contabilizados, que evaden la fiscalización del árbitro electoral, al menos eso se supone; en consecuencia, en este esquema empresarios, hombres de negocios y además, como en los últimos procesos, los poderes fácticos englobados en delincuencia organizada, han tenido intromisión electoral aportando recursos de acuerdo a sus intereses, incluso ahora participan con candidatos propios mediante las franquicias partidistas y en defensa de dichas propuestas, utilizan grupos de choque para inhibir o desmantelar las maniobras de acarreo de votantes de los adversarios, revientan casas de seguridad y aún a estas alturas de la modernidad, el robo de urnas es todavía una práctica recurrente.
En resumen, el despilfarro de recursos públicos, privados y de origen incierto, alcanza cifras de escándalo, lo cual explica más no justifica, los medios de confrontación y la pugna sin cuartel en la lucha por las posiciones de gobierno en juego, si la inversión es considerable, la recuperación debe garantizarse a cualesquier costo. En relación al contexto y nivel de la batalla, donde los valores democráticos y constitucionales no son la motivación, tampoco respetados.
Viene a colación de manera inevitable, la ejecución en 2022 de Abel Murrieta Gutiérrez en Cajeme, candidato del MC a una diputación, asesinato político que a la postre, de manera vertiginosa, derivó en el retiro de la contienda por la gubernatura de Ricardo Bours Castelo, también por Movimiento Ciudadano y sobretodo, por la estrecha relación con el entonces finado ex procurador, expuesto a los mismos riesgos en su integridad. Ningún sonorense bien nacido desea que se repita de nuevo una escalada de violencia electoral, sin embargo, no depende de nosotros los comunes ciudadanos, sino del vacío de poder de un estado fallido rebasado por la criminalidad, o lo que es igual, en contubernio y complicidad impune.
