Desfalco al programa La Escuela es Nuestra; SEP minimiza denuncias
ESPECIAL, mar. 6.- Las irregularidades que presenta La Escuela Es Nuestra (LEEN) se cuentan por decenas, aún así, la Secretaría de Educación Pública (SEP) no cuenta con un protocolo para dar seguimiento a las quejas y denuncias que se han presentado, mucho menos se tiene la certeza si este dinero fue ejercido de forma correcta.
Los millonarios recursos públicos que se han inyectado a este programa federal —que nació con la idea central de dignificar a las escuelas públicas de nivel básico— han sido dirigidos a obras que no han sido supervisadas y, en el peor de los casos, no se sabe con exactitud en qué se gastaron las bolsas presupuestales entregadas.
Un programa al que han tenido acceso más de 44 mil escuelas de nivel preescolar, primaria y secundaria que han solicitado, a través de comités de padres de familia, recursos para dar mantenimiento a los planteles escolares, así como otras obras. Aunque en la práctica se han negado a rendir cuentas sobre los montos erogados.
Es así que millones de pesos se han gastado de forma opaca a través de autoridades escolares y padres de familia que han tenido acceso a bolsas presupuestales que ascienden desde los 90 mil hasta los 500 mil pesos.
La SEP se ha negado a dar cualquier información respecto a este programa y el dinero que se ha entregado. Únicamente a través de una solicitud de información que realizó Reporte Índigo se pudo conocer que es igual a cero el número de casos detectados por irregularidades en el programa La Escuela Es Nuestra desde su implementación al inicio de esta gestión.
A pesar de las evidencias que se han presentado en el que se demuestran diversas irregularidades en el gasto de estos programas en los últimos años, las autoridades no cuentan con ninguna denuncia al respecto.
Tampoco han sancionado malas prácticas
La institución aclaró que los Lineamientos de Operación del programa no establecen sanciones para los Comités Escolares de Administración Participativa (CEAP), aún cuando son justo estos entes los receptores de los recursos públicos.
Mientras tanto, la Dirección General de Legalidad y Transparencia (DGLEEN) de la SEP informó también a este diario que, después de “una búsqueda exhaustiva en sus archivos”, tampoco encontró la información solicitada.
“La DGLEEN precisó que no cuenta con atribuciones para sancionar escuelas, de acuerdo con las Reglas de Operación 2022”, precisó la SEP por medio de una solicitud de información.
Solo 6 quejas en tres años y sin sanciones
Este diario solicitó acceso al contenido de las quejas y denuncias enviadas al correo electrónico habilitado para dicho propósito en el programa La Escuela Es Nuestra (@escuelaesnuestra@nube-sep-gob.mx), creado con el objetivo de identificar posibles prácticas irregulares en el programa.
Por medio de la solicitud de información con folio 330026023005625, la Subsecretaría de Educación Básica de la Secretaría de Educación Pública respondió que no se establecen sanciones para los Comités Escolares de Administración Participativa (CEAP).
Solo detalló que existe una obligación para los CEAP de presentar una memoria fotográfica de los trabajos realizados, la cual debe ser resguardada por el plantel durante un plazo de cinco años, aunque tampoco especificó las sanciones por no hacerlo.
Esta medida, de acuerdo con la SEP, se fijó con el principal objetivo de promover la transparencia y la rendición de cuentas de los recursos que se orientan bajo el esquema de La Escuela Es Nuestra. A casi seis años de su aplicación no hay claridad en los recursos que se han destinado a decenas de escuelas.
Por si fuera poco, las autoridades carecen de métodos para sancionar y dar seguimiento a los recursos que ha entregado, pues no dio a conocer ningún esquema de seguimiento.
Respecto a los métodos de rendición de cuentas que tiene la SEP para La Escuela Es Nuestra y los casos en los que se han armado expedientes por prácticas irregulares o turbios manejos de recursos públicos, únicamente se proporcionó una definición textual de las reglas que deben acatar los Lineamientos de Operación del Programa.
Solo la Subsecretaría de Educación Básica (SEB) reveló que, con base en los Lineamientos de Operación del Programa, dio a conocer el listado de los Consejos Escolares de Administración Participativa de los planteles que han sido beneficiados por el programa en los ejercicios fiscales de 2019, 2020 y 2021, incluyendo los montos que se distribuyeron, los cuales ascienden a miles de millones de pesos.
En las reglas de operación el Consejo Escolar de Administración Participativa (CEAP) es el único responsable de llevar un estricto registro de los ingresos y gastos generados del programa La Escuela Es Nuestra, aunque en la práctica se desconoce el monto gastado.
Quieren fincar sanciones
Tras esta serie de irregularidades en el gasto de este programa gubernamental en los últimos años y en el que la SEP se deslinda de cualquier responsabilidad, diputados federales se pronunciaron por realizar un diagnóstico de este programa y evaluar el desempeño de las autoridades escolares y de los padres de familia que deciden en qué gastar los recursos que se entregan.
En una entrevista con Reporte Índigo, Cynthia López Castro, diputada federal del PRI, recriminó a la administración federal por cómo ha sido utilizado este programa y calificó como un total fracaso a La Escuela Es Nuestra, además del daño al erario por miles de millones de pesos.
La legisladora argumentó que la desaparición de las escuelas de tiempo completo y la autorización para que los padres de familia decidan en qué gastar hasta 500 mil pesos fue una decisión que afectó principalmente a los estudiantes del nivel básico y que tendrá consecuencias a mediano y largo plazo.
La priista insistió que los padres no deben ser los únicos responsables en llevar a cabo las obras de mejoramiento de escuelas y por el cual el gobierno les deposita bolsas presupuestarias de cientos de miles de pesos.
De acuerdo con la legisladora, en los tres años que ha estado supervisando este programa, le han llegado decenas de quejas de padres en el país sobre la falta de baños, hacinamiento de niños y ausencia de salas de cómputo.
López Castro criticó que el programa no se implementó correctamente en las escuelas, pues denunció que no se han hecho mejoras a estas instituciones educativas debido a que los recursos no se han liberado adecuadamente y existe opacidad en las obras que se han hecho hasta la fecha en cientos de escuelas.
Además, acusó que la reforma aplicada por Morena en 2018 en materia de educación y por la cual nació el programa La Escuela Es Nuestra generó un retroceso en el mantenimiento de la infraestructura de planteles educativos, especialmente en los que menos recursos tienen y más problemas presentan en su infraestructura.
“Durante seis años de gobierno se han malgastado millones de pesos bajo este programa que no tiene rendición de cuentas y que ha sido aprovechado para que autoridades y padres de familia cuenten con dinero que no necesariamente se traducen en el mejoramiento de los centros escolares”, denunció.
La también secretaria de la Comisión de Educación en la Cámara de Diputados cuestionó la decisión de eliminar programas como las escuelas de tiempo completo para dar prioridad a este programa, el cual ha quedado a deber en el mejoramiento de las mismas e incluso en el deterioro de las obras para el cual se solicitan recursos.
Sin rastro y mutis total
Las quejas y denuncias que fueron presentadas de manera formal por las seis instituciones educativas debido a presuntas malas prácticas y uso indebido de recursos públicos no han tenido avances significativos.
Es más, ni siquiera se sabe con exactitud si se iniciaron investigaciones por parte de las autoridades de la SEP sobre estos expedientes que se registraron por medio del correo oficial de denuncias
La Subsecretaría de Educación Básica de la Secretaría de Educación Pública informó mediante una solicitud de información 330026023005625 que las denuncias que se han interpuesto por presuntas irregularidades en los recursos asignados al programa La Escuela Es Nuestra solo han quedado en cuestiones de seguimiento sin ningún tipo de represalia.
Las escuelas que aparecen en el radar por una serie de irregularidades son la Escuela Primaria Enrique Rodríguez Cano y la primaria Niños Héroes y Rafael Ramírez Castañeda, localizadas en Yucatán; las telesecundaria Ignacio Zaragoza, ubicada en el municipio Pinos, Zacatecas; así como la secundaria Lázaro Cárdenas del Río, ubicada en Chiapas.
También se hallaron centros educativos en Guerrero, como la escuela Primaria Alejandro Gómez Maganda, ubicada en la localidad de San José, Acapulco, todas ellas por uso indebido de recursos económicos que se asignaron para el mejoramiento de las mismas.
Información de www.reporteindigo.com
