¿Qué reforma necesitamos en pensiones?

ESPECIAL, ene. 10.- México hizo una reforma de pensiones en 2020. El presidente afirma que esa reforma se quedó corta y anuncia que presentará una propuesta antes de que termine el sexenio. El anuncio levantó muchas olas y un montón de preguntas: ¿qué tipo de cambios quiere hacer el presidente?, ¿cuánto costarían?, ¿se pueden mejorar las pensiones sin hacer una reforma fiscal?, ¿qué va a pasar con las afores?

AMLO no es el único que piensa que la reforma del 2020 se quedó corta. Él expresó su inconformidad porque los trabajadores sólo tengan 60% de su salario al final de la vida productiva. Otras críticas ponen el foco en que los cambios sólo benefician a trabajadores que están en la formalidad y dejan “desamparados” al 55% de la población que labora en la economía informal. Son 32 millones de personas y serán más.

Las observaciones a lo hecho en 2020 incluyen “taches” por lo no hecho: no se tocó la edad de retiro o jubilación. Esto es relevante porque la expectativa de vida crece alrededor de 1 año por cada década. Este factor es tan relevante que ha estado presente en todas las reformas de pensiones hechas en los últimos tres años en el mundo. Valga como referencia que la mitad de los países de la OCDE hicieron reformas o cambios sustantivos a sus regímenes de pensiones entre 2021 y 2023.

Tampoco se hizo nada para mejorar la supervisión y viabilidad de todos los sistemas de pensiones que operan en México. Las universidades públicas tienen sus sistemas de pensiones, lo mismo pasa con algunos gobiernos municipales y estatales. Están también los sistemas de grandes empresas o instituciones públicas: Pemex, CFE, IMSS, el Ejército y la Marina, por ejemplo.

Cada uno de estos sistemas de pensiones tiene activos y obligaciones con trabajadores activos o retirados. En el 2020 se revisó y mejoró lo relativo al sistema que opera a través de las afores, pero se dejó sin cambios todo lo demás. ¿Cuántos de estos sistemas podrán cumplir con sus compromisos? ¿Quién revisa la calidad de sus activos y las estrategias de gestión o manejo de los fondos?

El presidente abrió el tema el fin de semana en una reunión en donde se conmemoraba un aniversario de la huelga de río Blanco. Ayer abundó e hizo matices. No piensa en desaparecer las afores, pero habló de la necesidad de incorporar a otras empresas y se refirió a la posibilidad de que el gobierno incremente los recursos que aporta. Esto se haría de forma paulatina, explicó. El objetivo es que los trabajadores reciban el 100% de lo que ganaban, insistió AMLO. Un trabajador mexicano del sector formal podría alcanzar alrededor de 60%, luego de las reformas del 2020.

En ningún país del mundo se garantiza el 100% del salario como jubilación. Australia, Japón y Corea del Sur ofrecen 40%, según Pensions at a glance 2023, un estudio hecho por la OCDE. Hay países como Grecia y Portugal que ofrecen 90% o un poco más. Una variable a tomar en cuenta es la edad de jubilación: en España son 65. En Reino Unido, 67; Suecia, 70, y Dinamarca, 74. Una tendencia que llama la atención en las reformas recientes es que se busca la reducción o eliminación de las brechas de género. Las mujeres gozan o gozaban del privilegio de tener una edad de jubilación que era alrededor de cinco años menor a la de los hombres.

Es clave que el presidente mencione que no piensa desaparecer las afores. Ellas manejan recursos por alrededor de 5.8 billones de pesos. Son recursos privados, propiedad de los trabajadores y administrados por empresas especializadas. La tentación de echar mano de ellas es enorme, pero las consecuencias serían devastadoras.

Es curioso que AMLO se refiera a incrementar el esfuerzo del gobierno. En el 2024, se destinarán alrededor de 2 billones de pesos, 22% del presupuesto federal para gasto en pensiones. Esto es casi el doble de lo que se gastaba en 2018. Es el programa de adultos mayores, que necesita 465,000 millones. Es también el envejecimiento de la población. En el año 2000, los mexicanos mayores de 60 años eran 6.9 millones, 7% de la población. En el 2030 serán 20 millones, 15% de la población. A ellos irá más de una cuarta parte del presupuesto federal… a menos que tengamos una reforma de pensiones o fiscal. El tema está candente y no deja indiferente a nadie. En cualquier caso, es una papa caliente que tocará a la próxima presidenta, ¿o no?

Por Luis Miguel González

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