¿La ministra del dedazo o la ministra del pueblo?
ESPECIAL, ene. 8.- El Poder Judicial Federal sufre una andanada desde el Ejecutivo federal; afortunadamente los ataques de los miembros de la 4T no cuentan con solvencia técnica, jurídica y de argumentación constitucional, no pasan de meros planteamientos ideológico-político.
La ministra Lenia Batres llego pateando a sus pares en su toma de protesta en la Suprema Corte de Justicia de la Nación. Los antiguos dirían: “Llegó pateando el pesebre”; sin embargo, dejó claro que su pesebre no se encuentra en el Poder Judicial Federal, sino en Palacio Nacional.
Con aseveraciones no muy acertadas jurídicamente sobre la constitucionalidad de los sueldos de los ministros de la Corte, señaló que ella se rebajará el sueldo y se afiliará al ISSSTE, por lo que rechazará el seguro médico de gastos mayores que tiene el Poder Judicial. Ni una ni otra propuesta son potestativas para los trabajadores del Poder Judicial, ni se escoge el sueldo, ni se puede no estar afiliado al ISSSTE.
Olvida la magistrada que, aunque sea de plumaje blanco y tenga la bendición presidencial, es un trabajador más del poder Judicial Federal, institución donde ningún trabajador se pone el sueldo que cree merecer ya sea para arriba o para abajo, hay un complejo tabulador de sueldos que responde a cargas de trabajo, perfiles laborales, disponibilidad presupuestal, etcétera.
La candidata de la oposición Xóchitl Gálvez señaló: “Lenia Batres no es la ministra del pueblo, como presumen, es la ministra del dedazo porque la impuso el presidente, no la eligió el Senado donde están los representantes”.
Lo cierto es que el Poder Judicial Federal sufre una andanada desde el Ejecutivo federal; afortunadamente los ataques de los miembros de la 4T no cuentan con solvencia técnica, jurídica y de argumentación constitucional, no pasan de meros planteamientos ideológico-político.
Lo grave del asunto es que cuando se presenta la politización de la justicia la que sale perdiendo es la justicia, la política como forma de resolver las cuestiones judiciales se llama absolutismo. Por el contrario, el proceso de la judicialización de la política siempre será saludable para el poder político que acoten sus límites y se protejan los derechos de los gobernados.
Meyer Sierra señaló: “El frágil Estado mexicano y el poderoso presidente son dos caras de la misma moneda. A AMLO le importa que sus ideas se hagan realidad y se salta cualquier restricción institucional” (Carlos Elizondo Meyer-Sierra; Reforma 7 de enero del 2024).
Querido lector, por ahora el Poder Judicial Federal es la única institución capaz de frenar el poder político, AMLO y el segundo piso de la 4T lo saben y lo quieren amansar. Hasta la próxima.
Por Eliseo Rosales Ávalos
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