Finanzas precarias
Perspectiva
Por Moisés Gómez Reyna
Desde el inicio de la actual administración federal se ha buscado instalar una narrativa sobre el manejo de las finanzas públicas, en donde se asegura que el Gobierno es un recaudador eficiente que no perdona impuestos a los más ricos y que esto ha sido suficiente para gastar más sin endeudar al país.
La realidad es que los datos oficiales de recaudación y de la deuda pública federal cuentan cosas muy distintas y, de hecho, México tiene los ingresos tributarios totales más bajos entre los países que integran la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico (OCDE).
El organismo señala que en 2022 la recaudación tributaria total del país equivalió al 16.9% del Producto Interno Bruto (PIB) nacional, no muy lejos del 16.1% que registró en 2018 durante el último año del Gobierno de Enrique Peña Nieto.
En 2016, incluso se alcanzó una recaudación del 16.6% y si nos vamos todavía más atrás, en 1983 durante el gobierno de Miguel de la Madrid la recaudación fue del 15.7% del PIB, apenas 1.2 puntos porcentuales por debajo del nivel actual, pero 40 años más tarde.
En contraste, la recaudación promedio en los países de la OCDE equivale al 34.0% del PIB, mientras que en Chile es del 23.9%, en Estados Unidos del 27.7%, en Canadá del 33.2%, en Alemania del 39.3% y en Francia del 46.1%.
Entonces, por donde se vea, resulta falsa la afirmación de que el Gobierno federal actual es un “ejemplo” de eficiencia en el cobro de impuestos, ya que estamos en los niveles más bajos en comparación a países de medio y alto ingreso. Tampoco hemos crecido mucho respecto a años y sexenios anteriores.
En 2020, se logró un nivel de recaudación del 17.7% del PIB, pero esto se logró gracias a que la economía tuvo una caída de más del 8% y que el Gobierno se negó a otorgar estímulos fiscales a empresas y a trabajadores durante la pandemia.
Por ello, la recaudación pareció aumentar, pero en realidad esto se debió a que la economía nacional se achicó por la emergencia sanitaria.
Por otra parte, desde su primer año, el Gobierno de López Obrador se negó a realizar una reforma hacendaria que tuviera como enfoque fortalecer las facultades impositivas de estados y municipios, pero que sobre todo buscara gravar a la economía informal y aligerar la carga a los contribuyentes cautivos.
En contraste, y ante el aumento del gasto por los programas sociales y las llamadas obras estratégicas (Tren Maya, Refinería de Dos Bocas, AIFA), el Gobierno federal prefirió echar mano de los fondos de estabilización de las finanzas públicas y de los fideicomisos creados para temas específicos como el cine y la cultura, la ciencia o los desastres naturales, entre otros.
Además, complementó la falta de aumento en la recaudación recurriendo a la deuda.
Según datos de la propia Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP), en diciembre de 2018 la deuda bruta federal ascendía a 11.02 billones de pesos, mientras que para octubre de este año alcanza los 15.37 billones.
Esto significa que en 5 años, la deuda federal se ha incrementado en 4.35 billones de pesos, lo que equivale a casi 6 veces el valor de la economía de Sonora.
Por eso, es que hoy que la recaudación no crece, que se acabaron el dinero de los fondos y fideicomisos, y que 2024 es año electoral, el Gobierno tomó la temeraria decisión de solicitar para el próximo año un endeudamiento por 2 billones de pesos, llevando el déficit público a casi 5% del PIB, el más alto en más de 30 años.
En economía no hay fórmulas mágicas, si gastas más será aumentando tus ingresos o recurriendo a deuda. Son las únicas dos opciones.
Como vemos, la cruda realidad es que la 4T dejará las finanzas públicas del país en una situación precaria para 2024, y si el próximo Gobierno da continuidad a este mal manejo financiero, nos espera una crisis fiscal, la cual fácilmente podría convertirse después en una crisis económica nacional.
Twitter: @gomezreyna
