Conflicto entre poderes
La Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos contempla uno de los pilares más importantes para el Estado Mexicano, la División de Poderes. Este principio fundamental tiene como objetivo el evitar el abuso y la arbitrariedad del poder, otorgando facultades exclusivas a cada uno de ellos con la finalidad que sean complementarios uno del otro.
En la medida que el Legislativo, el Ejecutivo y el Judicial trabajen de manera efectiva y coordinada, mayores beneficios obtendremos las personas en el país, el peor escenario posible es que exista una lucha entre poderes por tratase de dominar entre ellos, la Constitución y las leyes secundarias no están diseñadas para eso.
Lamentablemente en los últimos meses hemos visto como se ha incrementado el nivel de conflicto que existe entre la Presidencia de la República y la Suprema Corte de Justicia de la Nación, llegando esta semana al punto en que la Cámara de Diputados elimino 13 de 14 fideicomisos que operaba el Poder Judicial Federal, lo cual pudiera tener consecuencias directas en trabajadores pertenecientes al Consejo de la Judicatura Federal y a la operación normal de Juzgados y Tribunales Federales.
En una época donde se han generado cambios trascendentales en la legislación relativa a la impartición de justicia, en aplicación de criterios de carácter internacional en materia de Derechos Humanos, en una muy reciente reforma Constitucional al Poder Judicial Federal, pareciera que nos estamos dando un balazo en el pie.
La implementación de juicios orales en materia penal, labora, mercantil y próximamente en los juicios de carácter civil y familiar, el pasar de un sistema de jurisprudencia a los precedentes judiciales, el contar con la capacidad técnica y humana para pasar a los expedientes electrónicos en todos los procedimientos, requieren de un Poder Judicial Federal y de Poderes Judiciales Locales fuertes y preparados para afrontar lo que dichos cambios implican.
El mandato Constitucional de impartir Justicia de manera Pronta, Completa e Imparcial que está a cargo del Poder Judicial, con las reformas legales y constitucionales de los últimos años, únicamente podrá hacerse efectivo reforzando la infraestructura y capacidad humana y técnica de los Tribunales y Juzgados de todo el país.
Hemos avanzado bastante en la impartición de justicia en años recientes en comparación con otras épocas, hoy tenemos juicios orales que vuelven los procesos más efectivos y rápidos, plataformas tecnológicas que facilitan la labor de los abogados postulantes y acceso a una gran cantidad de información y capacitación a través del internet, podemos afirmar que vamos en el camino correcto.
Hay retos importantes que están por venir, como la entrada en vigor del Código Nacional de Procedimientos Civiles y Familiares, que obliga tanto a la autoridad jurisdiccional como a los abogados y universidades a prepararse profundamente, mientras también atravesamos una época de constantes cambios en los criterios emitidos por el Poder Judicial.
Por ello, resulta increíble que, en esta época de cambios y retos, exista un conflicto y un interés tan grande por limitar facultades y capacidades del Poder Judicial por parte del Ejecutivo, esperamos que exista la prudencia necesaria para entender que los ciudadanos ocupamos a los tres poderes fortalecidos y que, en este escenario, como siempre, los que salimos perdiendo somos nosotros.
LIC. JUAN MANUEL ESCALANTE TORRES
