Los choques entre López Obrador y la Suprema Corte atascan la política mexicana

ESPECIAL, jul. 1.- Las desavenencias entre el Judicial y el Ejecutivo en México han sido una de las constantes desde que arrancó el sexenio. Esta semana, el presidente Andrés Manuel López Obrador ha vuelto a cargar contra los ministros de la Suprema Corte con el argumento de la austeridad, una de sus principales banderas políticas. Sin entrar en quién lleva la razón sobre las cuestiones que se discuten, los analistas acusan al Ejecutivo de vulnerar las formas. No estar de acuerdo con lo que se falla en la Suprema Corte no es motivo de insultos o gruesas descalificaciones como las que vierte por la mañana el presidente del Gobierno contra los ministros, opinan. Lo demás entra en la lógica que se da en las mejores democracias, un pulso entre ambos poderes para ganarse la razón. Pero además de la escalada de la polarización y el desgaste institucional, hay otra derivada en el choque de trenes.

Los números hablan de una excesiva judicialización de la política en este sexenio, con 809 controversias constitucionales debatidas (con Vicente Fox se alcanzaron 414) y 572 acciones de inconstitucionalidad. “Los muchos decretos mediante los que se gobierna son la razón de estas cifras, y también las iniciativas de ley han pasado por la Suprema Corte”, explica Laura Valencia, politóloga de la Universidad Autónoma Metropolitana (UAM) en Xochimilco, quien aporta los datos.

Con la mayoría absoluta perdida, el Gobierno ha tirado de atajos en el Congreso para sacar adelante sus políticas, pero buena parte de ellas se han chocado después con el muro de los tribunales, a los que recurrió la oposición, consciente de que se estaba legislando al filo de la ley, si no en el fondo, sí en las formas. “Esta judicialización de la política se arrastra en toda la transición mexicana”, sostiene Valencia, quien opina que la ausencia de mayoría política genera una lucha constante con el Poder Judicial que afecta al equilibrio de poderes.

López Obrador golpea el muro de hielo que se ha levantado con la judicatura recurriendo a la estrategia de los sueldos. Esta semana ha recriminado a los ministros que cobran más que el presidente, algo inconstitucional: 137.000 pesos frente a 284.500, según los datos oficiales publicados. El profesor de Derecho Julio Ríos reconoce que esa diferencia no solo existe, sino que el salario de los ministros mexicanos está, con todos los matices que se puedan considerar, por encima del promedio de sus colegas en otros países, como demostró un estudio comparado de Ana Laura Magaloni y Carlos Elizondo, cita. “No es que eso esté mal, pero sí es un poco alto”, afirma. “Aunque no todos cobran igual, depende de con qué ley entraron al ministerio”, advierte este investigador del Instituto Tecnológico Autónomo de México (ITAM).

Ríos es consciente de que hay mucho aún por mejorar en el Poder Judicial, pero eso “no puede dar paso al insulto”. “Además, se me hace que el Gobierno, en realidad, no tiene un interés legítimo por arreglar lo que pueda ir mal en la Suprema Corte, sino que su objetivo es la cooptación, la subordinación y la erosión de las instituciones de control”, piensa. “La propuesta [del presidente] de un voto directo para designar a los ministros no es más que otro ariete, ni siquiera lo presenta de un modo serio”, critica Ríos. Para el investigador, una de las señales más fuertes de la injerencia del Ejecutivo en el Judicial fue la renuncia del ministro Medina Mora en octubre de 2019, cuando aún le faltaban 11 de los 15 años previstos en la Suprema Corte. A juicio de Ríos, supuso una salida “forzada, acosado por la Unidad de Inteligencia Financiera. Un día después de su renuncia le descongelaron las cuentas”.

Ríos participó en el grupo de juristas y expertos que desde años atrás venía señalando el nepotismo en el Poder Judicial, donde se reivindicaban las tareas pendientes en la judicatura y el gremio. “Pero desde 2018 ha habido una apropiación de la crítica por parte del Gobierno, que tiene algo de razón, pero con el argumento de que se requiere un mejor uso de los recursos no se puede dar paso a los insultos”, sostiene.

La llegada a la presidencia de la Suprema Corte de la ministra Norma Piña en enero de este año tuvo un efecto doble y contrario. En el Ejecutivo se abrió la caja de los truenos, porque el presidente no consiguió colocar en ese puesto a la ministra de su confianza, Yasmín Esquivel, cuyas aspiraciones se hundieron tras un fabuloso escándalo de plagio de su tesis de licenciatura. Y la guerra se desató como nunca desde las conferencias matutinas en Palacio Nacional. Pero entre los juristas, se vivió una sensación de alivio por las primeras declaraciones de Piña, en las que defendía la autonomía e independencia de criterio de los ministros, lejos de presiones de cualquier índole.

La tensión no ha amainado. “El presidente pasa leyes que son inconstitucionales y avienta la pelota a la cancha de la Suprema Corte. Si lo dejan pasar, cometen un suicidio institucional, y si optan por ponerle un alto se ganan los insultos y amenazas”, resume Ríos la actual situación. Con un agravante, añade: “No se cuestiona la labor del juez, sino que se ataca al individuo con nombres y apellidos”. Opina que un presidente, “que tiene una tribuna única y una autoridad legal y legítima”, no puede señalar a ciertas personas, “como lo hizo recientemente con la jueza encarcelada en Veracruz. Está cuestionando las reglas básicas de un modo sumamente agresivo que va más allá de las fricciones normales”, asegura.

Cómo afecta todo esto a la salud institucional o democrática del país, es algo que el politólogo Alfonso Pérez sitúa más en el terreno de las formas que del fondo. Opina que México ya está acostumbrado a una división de poderes cada vez más consolidada, que parte desde 1997 y que se evidenció en casos notorios como el de la francesa Florence Cassez, el caso Vallarta, donde el poder jurídico ganó reflectores. “Al ganar López Obrador se esperaba que siguieran las cosas en esa dirección, pero no, los procesos se empiezan a revertir”, lamenta el investigador y politólogo de la UAM Xochimilco. Las tiranteces que se viven hoy entre ambas instituciones tienen que ver, dice, con esa autonomía que ha ganado el Poder Judicial, que le ha supuesto al presidente algunos reveses en las medidas que quería tomar. Cree que ahora impera el “buen juicio” entre quienes integran la Suprema Corte.

Sin embargo, los jueces también son personas politizadas e ideologizadas y sus sentencias dividen a la sociedad. Esta misma semana ha caído como una bomba el fallo del Tribunal Supremo de Estados Unidos contra la discriminación positiva para los alumnos latinos y negros en universidades como Harvard y otras, que les facilitaba su integración en los estudios superiores. La sentencia ha levantado críticas y debate, naturalmente. Los jueces pueden no tener siempre la razón en sus resoluciones, ni siquiera puede decirse que estén exentas de un sesgo ideológico, de una intención subjetiva.

¿Qué hay de malo entonces en los embates del presidente mexicano? “Se vale disentir de las decisiones de la Suprema Corte, pero otra cosa son los ataques que parten del Ejecutivo o del Legislativo. Y aunque esto pasa en todos los países, desde el nombramiento de Norma Piña, en México los ataques se están convirtiendo en una narrativa, donde no bastan las controversias constitucionales ni las acciones de inconstitucionalidad, donde las partes pueden ofrecer sus pruebas y sus argumentos. Ahora se están dando unas presiones desde las conferencias matutinas que de ninguna manera son correctas”, advierte el catedrático de Derecho Constitucional de la UNAM Francisco Burgoa. “Esto se tiene que detener por el bien de la democracia institucional”, dice.

Un signo de la falta de salud en este campo es, para Burgoa, la reciente declaración de López Obrador en la que afirmaba que se había reunido con cinco de los 11 ministros para que votaran a su favor sobre el traspaso de la Guardia Nacional al Ejército, una de las medidas más polémicas del sexenio. “Cree que son sus subordinados y eso es faltar a la autonomía e independencia del tribunal”, afirma.

Julio Ríos recurre al símil futbolístico para delimitar las naturales tensiones entre poderes de las injerencias espurias. “Todos en el terreno de juego saben que habrá empujones, gritos y pasión, pero nadie cuestiona que no se puede meter un gol con la mano o que en el terreno de juego debe haber 11 jugadores, ni más ni menos”.

Por Carmen Morán Breña

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