Decretazo, transparencia y despojos
Pero más allá de las repercusiones en materia de transparencia y ambientales, sin duda preocupantes, el decreto presidencial abre la puerta para que los megaproyectos del actual Gobierno se impongan ante los pueblos y comunidades del sureste que se han pronunciando en contra de estas obras.
ESPECIAL, mayo 21.- Todo indica que ya lo tenían preparado. El jueves 18 de mayo por la mañana una mayoría de ocho de los once ministros de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) declararon invalidó el acuerdo presidencial que disponía la reserva de información sobre los proyectos estratégicos del Gobierno federal, emitido el 21 de noviembre de 2021, pero ya por la noche, la presidencia de la república informó que emitió un nuevo decreto que califica de “interés público y seguridad nacional” las obras estratégicas que impulsa el Gobierno de la Cuarta Transformación.
El acuerdo presidencial de noviembre de 2021 señalaba: “Se declara de interés público y seguridad nacional la realización de proyectos y obras a cargo del Gobierno de México asociados a infraestructura de los sectores comunicaciones, telecomunicaciones, aduanero, fronterizo, hidráulico, hídrico, medio ambiente, turístico, salud, vías férreas, ferrocarriles en todas sus modalidades, energético, puertos, aeropuertos y aquellos que, por su objeto, características, naturaleza, complejidad y magnitud se consideren prioritarios y/o estratégicos para el desarrollo nacional”.
Los ministros de la SCJN lo consideraron inválido ya que vulnera derechos consagrados en la Constitución al reservar a priori toda la información sobre cualquier obra o proyecto que el Gobierno considere como “estratégico”. El decreto emitido el pasado jueves vuelve a reservar la información dado que califica de interés público y de seguridad pública los principales megaproyectos que está impulsado el Gobierno de Andrés Manuel López Obrador.
El decreto del jueves 18 de mayo precisa los megaproyectos considerados estratégicos: “Son de seguridad nacional y de interés público la construcción, funcionamiento, mantenimiento, operación, infraestructura, los espacios, bienes de interés público, ejecución y administración de la infraestructura de transportes, de servicios y polos de desarrollo para el bienestar y equipo tanto del Tren Maya como del Corredor Interoceánico del Istmo de Tehuantepec, y los aeropuertos de Palenque, Chiapas; de Chetumal y de Tulum, Quintana Roo”.
En el cuerpo del decreto se justifica la medida para sacar adelante estas obras por considerarlas estratégicas para impulsar la “competitividad” y el desarrollo económico de la Península de Yucatán con el Tren Maya y los aeropuertos de Palenque, Tulum y Chetumal, así como el Corredor Interoceánico que conecta los puertos de Coatzacoalcos en Veracruz con Salina Cruz en Oaxaca.
Algunas organizaciones calificaron el nuevo decreto, en vigor desde ayer, como un “desacato” a la resolución aprobada por la mayoría de ministros de la SCJN y una “regresión en materia de transparencia” como señalaron las organizaciones no gubernamentales Artículo 19, Fundar y Designaciones Públicas. Por su parte el Centro Mexicano de Derecho Ambiental (Cemda) enfatizó los daños ambientales, pues “desde que se publicó el acuerdo presidencial en 2021, dependencias del Ejecutivo federal como la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales empezaron a ‘autorizar’ proyectos sin someterlos al Procedimiento de Evaluación de Impacto Ambiental, como lo establece la ley ambiental federal”.
Pero más allá de las repercusiones en materia de transparencia y ambientales, sin duda preocupantes, el decreto presidencial abre la puerta para que los megaproyectos del actual Gobierno se impongan ante los pueblos y comunidades del sureste que se han pronunciando en contra de estas obras, incluso mediante el uso de la fuerza policial o militar o mediante las expropiaciones y el despojo.
La mayoría de quienes cuestionan el nuevo decreto presidencial del pasado 18 de mayo enfatizan que esta disposición pone en riesgo al acceso a la información sobre estas obras de gran envergadura, a pesar de que del mismo López Obrador ha sostenido que los datos sobre las mismas estarán abiertas al público. Pero probablemente el riesgo principal con el nuevo decretazo del 18 de mayo no sea la falta de acceso a la información sino los riesgos que pueden correr los defensores del territorio de los pueblos y comunidades del sureste que han denunciado los riesgos que suponen estos megaproyectos para sus condiciones de vida. Los megaproyectos incluidos en el nuevo decreto se justifican como de interés público y seguridad nacional para favorecer la competitividad y el desarrollo económico. De modo que quienes se resistan a ellos corren el riesgo de ser estigmatizados y criminalizados por oponerse a las obras relacionadas con este plan de desarrollo, como puede ser una granja porcícola, un proyecto turístico, un polo de desarrollo industrial o un tramo del Tren Maya que afectará sus medios de reproducción de vida y alterará de modo sustancial sus medios tradicionales de reproducción independiente. Con la justificación de ser una obra de “interés público y seguridad nacional”, los pueblos y comunidades que resistan estos megaproyectos corren el riesgo de ser perseguidos por leyes federales como la de Seguridad Nacional.
Más allá de la controversia que el Presidente mantiene con la Corte, el nuevo decreto debe leerse en la perspectiva que sugirió la Caravana El Sur Resiste, pues se trata de sacar a toda costa megaproyectos que reordenan la población y el territorio de todo el sureste en una perspectiva geopolítica.
Un ejemplo: el Gobierno de Estados Unidos quiere dejar ser dependiente de China, Taiwan, Japón y Corea del Sur en la producción de semiconductores tan relevantes para la mayoría de cadenas industriales más lucrativas del capitalismo contemporáneo como las industrias electrónicas, automotriz, aeronáutica y militar. Para ello ha impulsado fuertes inversiones tanto en investigación como en fomentar la relocalización de plantas productoras de semiconductores tanto al interior de Estados Unidos como países aliados estratégicamente a sus intereses, como México.
En este contexto se impulsan los megaproyectos incluidos en el decretazo del pasado 18 de mayo. En semanas recientes la Secretaría de Economía anunció acuerdos con el Gobierno de Estados Unidos para relocalizar empresas productoras de semiconductores en los “polos de desarrollo” que el Gobierno de López Obrador impulsa en el Corredor Interoceánico (https://bit.ly/3onq8dh). Por sus riesgos en materia de criminalización y despojo, seguramente los pueblos y comunidades del sureste rechazarán y resistirán el nuevo decretazo.
Por Rubén Martín
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