Crece el mercado negro de fotos y videos de víctimas de asesinatos y homicidios
ESPECIAL, may. 17.- La filtración de fotos y videos de víctimas asesinadas se ha convertido en una práctica común por integrantes de las autoridades y servicios forenses en México, quienes monetizan estos materiales al mejor postor.
Los servicios de emergencia y los policiales en el país han aprovechado las cadenas de custodia que levantan para tomar imágenes y posteriormente venderlas a precios que van desde los 500 hasta los 150 mil pesos, según la relevancia del accidente o la víctima.
Los centros de procuración de justicia ubicados en diferentes zonas del país y en las morgues es donde se presenta principalmente este modus operandi, que se da en todos los niveles jerárquicos de dichas instituciones.
Desde los primeros respondientes (policías o peritos) que acuden a un lugar en donde se presenta un accidente o un asesinato, hasta los altos mandos de seguridad, negocian la filtración de fotos y videos.
Incluso tienen tabuladores para exigir una suma de dinero para quien se encuentre interesado, como a los medios de comunicación o negocios que las difunden en sus plataformas.
Reporte Índigo constató esta práctica en diferentes procuradurías de justicia. De acuerdo con oficiales de seguridad del Estado de México, quienes solicitaron el anonimato, la venta de este tipo de material es una práctica conocida entre los elementos de dichas corporaciones.
Es más, reconocen que se turnan para cubrir los accidentes que se reportan en Ministerios Públicos y fiscalías de los estados debido a que siempre se genera expectativa en aquellos que son mortales o son situaciones delictivas.
Francisco Javier Hernández Salcedo, presidente de la fundación Lex Pro Humanitas, reporta que esta práctica es algo que sucede con naturalidad en cualquier fiscalía del país; no obstante, es ilegal y vulnera los derechos humanos de las familias de las víctimas.
“Tenemos varios escenarios, uno de ellos son los dueños de las morgues que venden al mejor postor fotos de las personas fallecidas. Las mandan primero en baja resolución vía Whatsapp para quienes estén interesados y una vez que reciben el depósito es cuando mandan archivos en alta resolución por correo electrónico”, asegura Francisco Hernández.
La falta de controles en estas corporaciones ha empeorado este problema. La facilidad de tomar fotografías a fallecidos en las calles o en agencias funerarias ha provocado que cualquier trabajador o empleado busque traficar con este material.
Ley imperfecta
La difusión de fotografías y videos se sanciona en el país, sin embargo, no todos los estados aplican la ley bajo el argumento de que ha tenido señalamientos por la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) por ambigüedades e incluso contradicciones en su redacción.
Uno de estos ejemplos es la Ley Ingrid que se aprobó en el Congreso de la Ciudad de México y que reforma el Código Penal de la capital para castigar la distribución de imágenes de una víctima con hasta seis años de cárcel.
La legislación detalla que tanto funcionarios como ciudadanos que difundan, fotografíen, así como evidencien videos o una investigación penal o información relacionada con una víctima serán sancionados.
En contraste, en Colima y el Estado de México, se declararon inconsistencias en esta ley y la dejaron a criterio de su uso por los jueces de los ministerios públicos.
Los esfuerzos que se han reflejado en este tipo de leyes se deben a la presión social que se originó por el feminicidio de Ingrid Escamilla, cuyas fotografías fueron difundidas en medios de comunicación y redes sociales.
Daño irreparable
Las secuelas que se generan en las familias de las víctimas que son fotografiadas y expuestas en redes sociales por diferentes motivos son múltiples, pues la exposición de estos materiales puede llegar incluso a afectar los procesos que se llevan en las carpetas de investigación.
Peor aún cuando se filtra en redes sociales o se publica en sitios web material sensible de una víctima, tal como sucedió con Ingrid Escamilla, quien fue desollada y mutilada por su pareja en la alcaldía Gustavo A. Madero, Ciudad de México.
La publicación de sus fotografías causó conmoción a nivel nacional y provocaron una campaña en redes sociales para sustituir las fotos que circularon de su muerte con fotografías de ella en vida.
El último caso que confirma esta práctica ilegal que se da por elementos de seguridad y en las morgues, fue del actor Julián Figueroa, en donde la casa funeraria vendió y filtró presuntamente una foto de su cuerpo, lo que causó una ola de críticas en contra de la empresa.
De acuerdo con la ley, comercializar y viralizar este contenido sin el consentimiento de la familia, como sucedió con Julián Figueroa, o que sean difundidas con fines de lucro, amerita una pena que va de uno hasta siete años en prisión.
La legislación detalla que únicamente se permite la comercialización y distribución de fotos de personas que han fallecido con fines didácticos y educativos. Como por ejemplo, en escuelas de medicina y forenses de México y con el aval previo de familiares.
Sayuri Herrera, coordinadora general de Investigación de Delitos de Género y Atención a Víctimas de la Fiscalía de la Ciudad de México, explica que las filtraciones que se registran provienen precisamente de personal de las fiscalías y centros de justicia en el país.
“A veces son los encargados de la carpeta, a veces los peritos que tuvieron acceso al expediente o los policías de investigación. En ocasiones, se filtra la información a partir de contactos y en otras se vende”, explica.
Afinan Ley Ocaña
Legisladores de los congresos locales de las 32 entidades del país alistan reformas a sus códigos penales para endurecer las penas para quienes compartan y filtren imágenes de víctimas.
A raíz de lo sucedido con el actor Octavio Ocaña y el feminicidio de Ingrid Escamilla, diputados estatales de Morena afirmaron a este diario que buscan homologar criterios en la legislación para frenar este tipo de conductas que se presentan al interior de las fiscalías desde hace varios años.
Por su parte, organizaciones civiles como LexPro Humanitas, elaboraron distintas recomendaciones para robustecer el marco jurídico que existe en los 32 estados del país y se trabaje una ley que sancione estas acciones ilícitas.
“Se busca fincar responsabilidades administrativas e incluso penales para quienes incurran en esta práctica ilegal. Esto sin importar que sean servidores públicos, policías o personal forense”, expresó la organización civil al inicio de esta semana a través de una conferencia de prensa.
La fundación actualmente mantiene mesas de diálogo con la Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH) para dar seguimiento a las circunstancias que rodearon la muerte del actor Octavio Ocaña y las violaciones a sus derechos humanos por la presunta filtración de imágenes del cuerpo del artista después de su fallecimiento.
Desde el Congreso del Estado de México, la fracción parlamentaria de Morena presentó una iniciativa para reformar el artículo 227 BIS del Código Penal mexiquense para aumentar la pena para quien lucre o difunda imágenes o videos de víctimas.
Una de las legisladora que abandera esta iniciativa es la diputada por Morena en la entidad mexiquense, Luz María Hernández, quien sostiene que con esta nueva ley llamada Ocaña se pretende que se eleve el castigo hasta 10 años de prisión y se pague una multa de entre 500 y mil Unidades de Medida de Actualización (UMA).
En la actualidad, la pena para servidores públicos que venden este material es de tres a seis años en la entidad mexiquense. Una condena que es de las más bajas en la República.
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