El ajedrez jurídico para el Plan B de la Reforma Electoral
Veremos un ajedrez político en el que AMLO buscará reducir el riesgo de que se emprenda una acción legal que impida el Plan B de la reforma electoral, opina Enrique Quintana.
ESPECIAL, feb. 12.- El próximo 2 de junio es una fecha decisiva para la vida política del país pues de acuerdo con la Constitución, las normas electorales que estén vigentes para entonces serán las que habrán de aplicarse en el proceso de 2024. La razón es que, de acuerdo al artículo 105 fracción II de la Constitución, 90 días antes de que comience el proceso electoral ya no pueden cambiarse las reglas con las que dicho proceso se realiza.
Y el proceso electoral comienza exactamente nueve meses antes de la fecha de la elección. Lo anterior implica que el límite constitucional para hacer modificaciones legales es precisamente el próximo 2 de junio. En torno a esta fecha se están operando estrategias, un auténtico ajedrez, con relación al llamado Plan B.
Las dos leyes aprobadas ya recibieron impugnaciones directamente en la Corte y en cualquier momento éstas pueden ser turnadas a algún ministro o ministra para que presente un proyecto que se lleve al Pleno. De acuerdo con la información que ha trascendido, se plantea que el Senado pueda votar el próximo 21 de febrero las reformas pendientes.
Tras la aprobación, quedará en las manos del presidente de la República su promulgación mediante la publicación en el Diario Oficial de la Federación. Una posibilidad es que ésta pueda ser llevada al límite de 40 días, con objeto de que se reduzcan los tiempos previos al 2 de junio, para realizar impugnaciones y presentar recursos, sea ante los tribunales o bien directamente en la Suprema Corte de Justicia de la Nación.
Otra posibilidad es que las reformas se promulguen de inmediato para que, en caso de que se presenten éstos recursos y que sean aceptados por la Corte o los tribunales, el ejecutivo tenga tiempo suficiente para combatir dichas impugnaciones. Pareciera que el instrumento que eventualmente puede tener más oportunidad de tener el efecto de dejar sin vigencia las leyes que conforman el Plan B, o al menos, una parte éstas son las llamadas Acciones de Inconstitucionalidad que pueden ser presentadas, por grupos de legisladores o por partidos políticos.
De acuerdo con expertos, las Controversias Constitucionales, como las que puede presentar el INE, pueden llevar un mayor tiempo para resolverse. Y en el caso de la promoción de los amparos, el proceso para llegar a la Suprema Corte pasando por juzgados y tribunales puede ser sustancialmente más prolongado, pero también existe la posibilidad de que un resultado del amparo sea la suspensión definitiva de la norma en tanto se resuelve el fondo del asunto.
Si esa circunstancia fuera la vigente el 2 de junio, entonces el efecto del artículo 105 constitucional implicaría que las elecciones del 2024 tendrían que realizarse con las reglas previas a la aprobación del llamado Plan B. El argumento central planteado en los diferentes recursos es que el conjunto de reformas aprobadas o por aprobar, impide al Instituto Nacional Electoral cumplir con lo que le mandata la Constitución en la medida que le quita los recursos humanos, materiales e incluso legales para ello.
Si algún ministro toma la Acción de Inconstitucionalidad y presenta de una manera relativamente breve su proyecto de resolución en el Pleno de la Corte, se podría abordar con antelación al mes de junio. También es factible que la presidencia de la Mesa Directiva de la Cámara de Diputados, a cargo de Santiago Creel, demande formalmente a la Corte que se dé prioridad a las Acciones de Inconstitucionalidad presentadas en virtud de las implicaciones que tienen para el proceso electoral.
Lo que veremos en los siguientes días y semanas será un ajedrez político y jurídico en el cual López Obrador buscará cómo reducir al mínimo el riesgo de que se emprenda una acción legal que impida la aplicación del llamado Plan B, mientras que partidos opositores, legisladores, entidades, y grupos de ciudadanos, así como el propio Instituto Nacional Electoral buscarán que suceda exactamente lo contrario, que el Plan B no pueda ponerse en operación en la elección del 2024.Para que una ley se declare inconstitucional se requiere que ocho ministros del Pleno voten por esa resolución.
De acuerdo con observadores de la Corte, en este momento el gobierno de López Obrador solamente tiene seguros dos votos con relación al llamado Plan B, los de las ministras Loretta Ortiz y Yasmín Esquivel, pues se comenta que ni siquiera el voto del ministro Arturo Zaldívar está completamente seguro.
Es decir, si una Acción de Inconstitucionalidad relativa al Plan B llega al Pleno, existe una buena posibilidad de que tenga el respaldo del número requerido de votos para expulsar la norma cuestionada del sistema jurídico mexicano.
Por eso, la estrategia de Morena y el presidente López Obrador, es más bien tratar de que los recursos no vayan a llegar al Pleno antes del 2 de junio próximo. ¿Lo conseguirán?
Por Enrique Quintana
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