Universidad de Sonora y cambio estructural
ESPECIAL, feb. 16.- En la Universidad de Sonora (Unison) se está reabriendo un debate sobre aspectos centrales de su estructura, a raíz de la presentación que hizo el gobernador Alfonso Durazo de un proyecto de ley para modificar algunos aspectos de la casa de estudios.
La idea de una reforma universitaria que internalice la democracia en la estructura universitaria y dote de representación verdadera a estudiantes y maestros es una vieja demanda que se intentó durante 40 años. El antecedente más inmediato de esta discusión está en la propuesta de reforma presentada ante el Congreso del estado por la diputada de Morena Ernestina Castro, en 2019, promovida por maestros, estudiantes y trabajadores universitarios en el gobierno de la priísta Claudia Pavlovich.
Por supuesto, la mayoría del PRI y PAN le dio carpetazo. La actual discusión en realidad es una polémica suspendida por más de tres décadas, cuando Manlio Fabio Beltrones entonces gobernador, promulgó la Ley Orgánica número 4, en 1991, introduciendo modificaciones en la antigua ley que prepararon a la Unison para arrastrarla hacia la ideología neoliberal que empezaba a dominar el país entero. Esa ley introdujo una estructura de ocho gobiernos que van desde la Junta Universitaria, el Colegio Académico, el rector, hasta los jefes de departamento. En ese trance, Beltrones reafirmó su fama de atrabancado, violando la misma ley de El Colegio de Sonora, llevándose al rector de entonces para imponerlo en la misma Unison. La figura Junta de Gobierno, introducida por la ley 4, abrió la puerta para que intereses económicos de fuera tuvieran injerencia en la vida universitaria, coaligándose con la burocracia universitaria, multiplicando puestos, coordinaciones y reglamentos que mantienen maniatadas las fuerzas que podrían propiciar un mejoramiento de la universidad.
En este contexto, el pasado 13 de febrero el Congreso del estado organizó un foro de parlamento abierto para escuchar opiniones de los universitarios respecto de la iniciativa de ley. Los datos vertidos por los profesores y estudiantes, verificados en fuentes oficiales de la universidad, dan idea de las irregularidades en la Unison. Hay un total de 30 mil estudiantes de licenciatura y 2 mil de posgrado. Existen 2 mil 400 plazas administrativas de tiempo completo; de ellas 900 son plazas de confianza, y mil 500 sindicalizables. Los académicos son menos de mil 200 de tiempo completo, pero unas 150 plazas están desocupadas por los requisitos exagerados de las convocatorias. La diferencia de salario entre los académicos y administrativos puede llegar a ser muy alta. Los denominados profesores de horas sueltas rondan entre mil 300 y mil 400, y a pesar que llevan una gran carga de trabajo académico, son quienes perciben menos salario y sin procedimientos seguros para hacer carrera docente.
Un resumen de las posiciones mayoritarias de maestros y estudiantes en el parlamento abierto complementan las irregularidades: hay un repudio a la mafia de la burocracia dorada. Hay críticas de fondo que ameritan tiempos y ritmos pausados para encontrar consensos respecto de las reformas. Existe rechazo a la formas de gobierno propuestas por la iniciativa de ley. Existe un severo repudio a la actual Junta de Gobierno y a la propuesta que la sustituye, dejando en los hechos la posibilidad de que los mismos personajes o de plano otros parecidos en intereses recuperen terreno después de promulgada la nueva ley.
Una propuesta por demás interesante y creativa es que las nuevas autoridades sean elegidas por voto universal y ponderado, a la vez que se impida la trampa de las ternas propuestas por un comité para que sea otra instancia la que elija.
En este caso –se propone– la inscripción de candidatos debe ser libre. Los estudiantes piden que las inscripciones a la universidad sean gratuitas, así como la misma carrera. En la actualidad los estudiantes acumulan deudas en la universidad por miles de pesos, lo cual les impide titularse inmediatamente después de cubrir la totalidad de créditos; además, es una universidad que cobra, y no barato, por cada uno de los trámites necesarios durante la carrera o los posgrados. Es decir, opera casi como una universidad privada.
La sesión del parlamento abierto reveló otra cuestión importante. Fue tan mediocre el desempeño de los representantes de la burocracia, que en realidad el verdadero debate se entablará entre profesores y estudiantes simpatizantes o no de la 4T y los legisladores de Morena –hoy mayoría– que lucharán internamente por aplacar su propia conciencia de lo justamente posible. Durante el foro me impresionó el testimonio de una estudiante sobre cómo se batalla dentro de la universidad para encontrar un baño de mujeres que esté en funcionamiento, y una vez encontrado, conseguir el permiso de varias instancias para que por fin, un intendente abra la puerta. Y uno se pregunta, ¿dónde están las feministas universitarias?
Por Leopoldo Santos Ramírez
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