Sonora estaría ‘bajo ataque’ con nueva Ley de Minería
La iniciativa de reforma luce sin soporte técnico y tal como está desincentiva la actividad minera que en Sonora representa sustento para 140 mil familias
ESPECIAL, abr. 24.- Sonora es el Corazón Minero de México y la reforma a la Ley de Minería, tal como está, es prácticamente un “ataque al miocardio” que pone en riesgo, desde ya -por la incertidumbre que genera-, la salud económica de la actividad y por lo tanto de la entidad.
En opinión de los actores del sector, la reforma de ley tal como la aprobaron los diputados y que se sometida al Senado, desincentiva la actividad minera en el país y afectará a Sonora con especial énfasis, ya que además de ser principal productor minero, tiene a Hermosillo como la capital de la proveeduría minera en México.
Los representantes mineros destacan que la iniciativa presentada ante el Congreso de la Unión luce carente de sustento técnico y atenta contra la viabilidad económica del sector e incluso va contra las mismas reglas de la geología como disciplina científica, entre otros sinsentidos.
Sin embargo, el gobernador de Sonora, Alfonso Durazo ha dicho frente a los mineros mismos, que el gobierno a su cargo respalda ante todo las iniciativas del presidente Andrés Manuel López Obrador en la materia.
¿Qué está en riesgo?
Según los datos duros aportados por el Clúster Minero de Sonora, la entidad ocupa el lugar número uno en la actividad minera con la operación de 286 proyectos.
El Estado genera 28% de la producción nacional de oro y 80% del cobre y de sus 72 municipios, 39 se consideran municipios mineros lo que representa el 54% de las localidades del Estado y para el 31% de los municipios la minería es su principal actividad económica.
De acuerdo con datos del Inegi, en 2021 la derrama económica del sector en Sonora fue de $72,186 millones de pesos; Cananea genera 16.8% del valor de producción minera nacional y Caborca hospeda la principal mina productora de oro del país.
Sonora tuvo en 2022 un Producto Interno Bruto de 891 mil 434 millones de pesos, de los cuales la minería aporta el 18%, y en conjunto con su cadena de proveeduría genera el 25% del PIB estatal, es decir, unos 222 mil 858 millones de pesos.
La actividad minera da empleo a más de 20 mil personas de manera directa y casi a 100 mil de manera indirecta; cuenta además con 12 mil 650 empresas proveedoras que atienden a 20 minas de mediana y gran escala operativa.
En Sonora hay 50 operaciones de pequeña minería (carbón, sílica y grafito principalmente), además de 46 proyectos de exploración, en etapa muy avanzada; tres unidades mineras en construcción; 133 proyectos en exploración y cuatro plantas fundidoras y de refinación.
Pues todo esto está en riesgo si se aprueba la reforma a la Ley de Minería en los términos presentados ante el Congreso de la Unión, de acuerdo a las apreciaciones de los expertos en la materia.
Efectos transversales
Alberto Jesús Orozco Garza, presidente del Consejo Directivo del Clúster Minero de Sonora, señaló que desde el sector minero lo que queremos ahorita es un diálogo, que se escuche al sector, que se entienda que hay una gran transversalidad y no se afectará sólo a la industria minera, sino a muchos sectores relacionados, la minería tiene muchas caras y todas será afectadas por esta reforma.
Una tercera parte de la producción minera de México sale de Sonora y de la minería dependen otras actividades industriales como la industria automotriz, la industria de la construcción, entre otras muchas cadenas de valor, comentó.
“Si vas a Canacintra o a CMIC verás que muchas de las empresas pertenecen a la cadena de valor de la industria minera”, precisó.
Explicó que además de los empleos y la derrama económica, en los municipios de Sonora se generan otros beneficios tales como educación, mantenimiento de escuelas, transporte escolar, jornadas de salud, mantenimiento de las clínicas y muchas otras carencias que el sector minero ha ido supliendo, conforme lo reflejan los datos de Coneval.
El impacto es también para Hermosillo, que aunque no tiene minas, es sin embargo la capital de la proveeduría minera, no del Estado, sino de México, donde se concentran emprendimientos que atienden a todo el país e incluso al extranjero.
“Estamos hablando de más de 10 mil empresas que tienen relación con el sector minero, desde las que se dedican de lleno hasta las que son proveedoras”, apuntó.
Consideró que desde este momento, la presentación de la reforma crea incertidumbre y quienes estaban pensando en invertir en México, se abstendrán hasta saber que va a pasar con las reglas.
“Así como está planteada la iniciativa de reforma por completo ahuyenta la inversión porque crea muchas condicionantes para que la concesión pueda ser cancelada”, advirtió.
Contra la lógica de la geología
Orozco Garza explicó que además la decisión de reducir los tiempos de concesión que no están acordes con la realidad de desarrollar un proyecto minero, se pretende restringir las concesiones a un solo elemento, lo cual va contra la geología misma pues muchas concesiones producen concentrados de minerales, no son minerales puros, además esta medida va contra la viabilidad económica de los proyectos que necesitan explotar varios minerales para ser viables.
Un proyecto minero —comentó— toma más de 15 años ponerse en marcha, tan solo la exploración puede llevar 10 años, en condiciones más o menos normales, aunque los tiempos son muy variables pues depende de una gran cantidad de factores.
En materia de exploración hay que decir que de cada mil prospectos, sólo uno tendrá un descubrimiento significativo que podría llegar a ser una mina.
Después de la exploración, —contabilizó— toma de dos a tres años de evaluación económica, pruebas metalúrgicas, ambientales, hidrológicas, para ver viabilidad, un par de años más para un estudio de viabilidad, dos años más para conseguir todos los permisos, otros dos años para construir la mina y la operación durará dependiendo del yacimiento, y puede ir de 10 a 70 años. Entonces pensar en concesiones de 15 años o máximo 30 años, va contra la viabilidad de los proyectos mineros, por muy pequeños que sean.
Todos en riesgo
Bajo las nuevas reglas todas las diferentes compañías podrían perder sus concesiones, ya que hay una serie de condiciones que se quieren imponer, principalmente en cuanto a la disposición hidrológica, que en México y particularmente en Sonora las condiciones son de estrés hídrico, argumentó el presidente del Cluster Minero de Sonora.
Aseguró que la industria minera está en la mejor disposición para buscar soluciones hidrológicas para cada proyecto y en general para el cuidado del agua.
“En el sector minero estamos abiertos a dialogar para encontrar soluciones a los temas de agua, medio ambiente y comunidad, pero que al mismo tiempo sea algo que fomente las inversiones”, pidió.
¿Incentivar o frenar?
Ramón Luna Espinoza, presidente de la Asociación de Ingenieros en Minas, Metalurgistas y Geólogos de México (Aimmgm) Distrito Sonora destacó que el país necesita reformas que incentiven la actividad minera y esta reforma desincentiva por ciertos puntos que maneja, desde la reducción de concesiones y algunas medidas de protección ambiental.
La reforma plantea la desaparición del concepto de terreno libre que —explicó— se traduce en la desaparición de las concesiones mineras para exploración y el único explorador tendría que ser el Servicio Geológico Mexicano.
“Con esto sacaría de la jugada a todas las compañías de exploración que en Sonora son 77, más 300 empresas que se dedican a la proveeduría para los servicios de exploración”, comentó.
Pero —dijo— la principal afectación sería la derrama económica y los empleos que esas compañías generan, así como el freno a la exploración necesaria para mantener la viabilidad de la industria para que se abran nuevas minas para sustituir las que se cierran o para incrementar la producción minera de Sonora.
Indicó que la exploración minera genera 18 mil empleos de manera directa e indirecta y hay inversiones anuales para exploración por el orden de los 800 millones de dólares.
El volumen de empleos de la minería son 140 mil entre directos e indirectos en Sonora, o sea son 140 mil familias beneficiadas, recordó.
El líder de los ingenieros en minas y geólogos recordó que la minería en Sonora genera una producción de 90 mil millones de pesos al año, tiene una aportación del 18% al PIB de las minas en operación y si le sumamos cadenas de valor, es un 7%; es decir el PIB de Sonora está basado en un 25% en la producción minera del Estado.
Reconoció que los temas de agua y medio ambiente que aborda la reforma ya son temas que marcan la acción de la minería y se pueden seguir mejorando.
Por ejemplo la minería remedia 10 árboles por cada uno que afecta, aunque la ley le obliga a remediar sólo tres. En materia de agua, la minería sólo tiene el 0.35% de la concesiones de explotación de acuíferos en el país, mientras que otras industrias acaparan hasta el 76% de las concesiones existentes. Además la minería recicla el 56% de las aguas que usan, abundó.
Falta soporte técnico
“No dudamos que la iniciativa tenga buenas intenciones, pero sí la vemos carente de soporte técnico, por eso como asociación estamos exhortando a un diálogo con el Gobierno para ver los objetivos sociales y se pueda dar un soporte técnico para la reforma y que en conjunto llegar a una reforma minera mucho mejor”, aseveró.
Sin afectar a la industria necesitamos una reforma que incentive la atracción de inversiones y que a la vez vaya de la mano con la protección del medio ambiente y de las comunidades.
Posibles impactos
Con la reforma a la Ley de Minería se pone en riesgo también el desarrollo de más de 70 sectores industriales que dependen de los minerales para su operación a nivel nacional.
También peligran más de 417 mil empleos directos y de 2.5 millones indirectos con salarios superiores en 37% al promedio nacional, así como el bienestar y calidad de vida de 696 comunidades ubicadas en 212 municipios del país.
Más aún peligra la economía nacional al ser la minería una de las 5 industrias que más aportan al PIB Industrial (8.6%) y nacional (2.5%) y pone en riesgo una importante fuente de ingresos del país, pues la minería es el quinto generador de ingresos por concepto de divisas.
En materia fiscal, se estima la pérdida en las aportaciones anuales por ISR y por el pago de derechos especiales sobre minería por más de 70 mil millones de pesos. En los últimos 8 años, la minería ha aportado 313 mil millones de pesos al erario.
Peligra la derrama económica cercana a los 269 mil millones de pesos anuales (sueldos; compras y servicios nacionales; e impuestos), así como las inversiones en materia de medio ambiente y en desarrollo social.
Se dejarán de invertir más de nueve mil millones de dólares en los próximos años y habrá afectación a 23 proyectos por arrancar operaciones en el periodo 2022-2028.
Principales reformas propuestas:
1.- Se elimina el concepto de terreno libre y primer solicitante y con esto la posibilidad de que los particulares soliciten concesiones mineras; las concesiones sólo se otorgarán mediante concurso o licitación pública.
2.- Reducción de la vigencia de las concesiones.
3.- Otorgamiento de concesiones por una sola sustancia.
4.- Condiciona la concesión minera a la disponibilidad hídrica.
5.- La transmisión de concesiones queda sujeta a autorización de la Secretaría de Economía.
6.- Se prohíbe el otorgamiento de concesiones mineras en Áreas Naturales Protegidas, entre otras.
7.- Las concesiones mineras no se podrán otorgar en garantía.
8.- Se elimina el derecho a aprovechar terrenos.
9.- Imposición del pago de regalía de al menos el 7% a los tenedores de la tierra. Una concesión minera NO da acceso a la superficie, ya se negocia la misma con los tenedores de la tierra.
Piden mineros, parlamento abierto
Un llamado al Senado de la República para que se convoque a parlamento abierto la reforma a la Ley Minera, realizó la Asociación de Ingenieros de Minas Metalurgistas y Geólogos de México (AIMMGM) Distrito Sonora.
Se considera de suma importancia que los Senadores antes de someter a votación esta Ley lleven a cabo un análisis detallado de la reforma en el que participen los diferentes actores involucrados, señaló la organización en un comunicado.
En la reforma votada prevalecen temas relativos a la exploración; pago de contraprestaciones y restricciones que impactarían a la industria. Se adiciona a un pago de 7% de regalía, impuesto similar al Fondo para el Desarrollo Regional Sustentable de Estados y Municipios Mineros (mejor conocido como Fondo Minero).
Así como también dejar la exploración controlada por el Servicio Geológico Mexicano, lo que ocasionaría un déficit de exploración total que hará que la producción minera se reduzca a más del 50% en los próximos 10 años.
Es fundamental un diálogo entre la industria y el sector público para lograr un punto de acuerdo donde los beneficiados sean la sociedad en general, comprometida con las comunidades agua y medio ambiente a través de una minería sostenible. Una minería responsable que seguirá operando de forma soportada técnicamente que permita operar, demandó.
Por Guillermo Frescas
www.elsoldehermosillo.com.mx
