El derecho a ser votado

La fracción II del artículo 35 de nuestra Constitución reconoce el derecho conocido como sufragio pasivo, la posibilidad de los ciudadanos mexicanos a ser votados, a participar como candidatos a un puesto de elección popular, conforme a las normas secundarias que regulan a los partidos políticos nacionales y locales, o de forma independiente cumpliendo con los requisitos que marca la ley.

Nuestra legislación en materia electoral que regula el acceso a los ciudadanos a diferentes candidaturas tanto de índole federal como local, ha sufrido varias modificaciones en los últimos procesos electorales. Hasta hace poco, se introdujo a nuestro sistema la posibilidad de contender por un puesto de elección popular por la vía independiente, ya que nuestro sistema de forma tradicional contemplaba que la única vía por poder ser candidato era a través de los partidos políticos.

La historia de las decisiones al interior de los partidos está llena ejemplos de opacidad, discrecionalidad, injusticias y violaciones a derechos de militantes y simpatizantes, que dieron origen a varias disputas en Tribunales Electorales por hacer valer el derecho a ser votado y participar representando los colores de determinado partido.

En mayo de 2014 se publica en el Diario Oficial de la Federación la Ley General de Partidos Políticos que busca poner un poco de orden al interior de los mismos, fortaleciendo los derechos de los militantes, transparentando el ejercicio de sus recursos públicos y promoviendo la transparencia en las decisiones que tomen al interior en relación con la selección de sus candidatos a puestos de elección popular, dejando en claro que los partidos políticos son entes de interés público y no sociedades o asociaciones de particulares con un interés común.

En ese contexto pareciera que los partidos políticos tendrían procesos de selección mucho más transparentes, objetivos y efectivos para una mejor selección de sus candidatos a puestos de elección popular en el proceso electoral que está en desarrollo, por lo menos es el objetivo de la norma de referencia, sin embargo, estamos viviendo todo lo contrario.

A pocas horas que venzan los plazos para el registro de los candidatos a Diputados Locales, Presidentes Municipales, Síndicos y Regidores lo que podemos apreciar es una total opacidad y discrecionalidad en la toma de decisiones de los partidos. Son muchos los ciudadanos que se encuentran participando en los procesos internos para acceder a una candidatura, lo cual siempre será bueno, pero de la misma forma serán muchos los desilusionados cuando se toman decisiones poco objetivas y carentes de fundamento.

Lejos de seguir promoviendo la participación ciudadanos en asuntos de orden público, como es, el ejercicio del derecho a ser votado, los partidos están generando un desanimo generalizado y lamentablemente en algunos casos podremos ver que las candidaturas se tengan que decidir en los Tribunales Electorales. Tenemos una normatividad e instituciones fuertes para dejar atrás el famoso “dedazo”, pero la tentación de los dirigentes partidistas hacia dichas prácticas del pasado está pudiendo más en este proceso electoral.

 

LIC. JUAN MANUEL ESCALANTE TORRES

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