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“Una justicia a medias e ineficaz no es justicia”

NAVOJOA, SONORA, Jul. 31 (ESP/NPN).- Los suscritos somos abogados litigantes que representamos jurídicamente a diversas personas físicas y morales, que como usuarios requieren del servicio de administración de justicia que ofrece el Poder Judicial del Estado de Sonora, quienes ejercemos nuestra profesión primordialmente en la ciudad de Navojoa, Sonora y el sur del Estado, algunos somos miembros de la Barra Sonorense de Abogados, del Foro Jurídico y otras asociaciones, mientras que otros ejercemos libremente nuestra profesión sin estar afiliados a alguna asociación, sin embargo en esta ocasión decidimos unirnos, toda vez que coincidimos en un mismo sentir y reclamo legítimo como lo es la necesidad de exigir que la impartición de justicia para los usuarios del servicio que nosotros representamos, no solamente en nuestra región, sino también en todo el Estado de Sonora, se lleve a cabo de manera pronta, completa e imparcial, lo cual a la fecha no está ocurriendo en los Juzgados en materia Familiar y Civil (en nuestra ciudad no operan juzgados especializados en materia mercantil y Arrendamiento Inmobiliario, por lo que también se resuelven por el juzgado civil), por lo que con el debido respeto de los tres poderes que ustedes representan, nos permitimos manifestar y solicitar lo siguiente:

I.- No nos detendremos a asentar conceptos o filosofía relativa a la enorme y trascendente importancia de la impartición de la justicia, toda vez que es de común conocimiento que se trata de un derecho fundamental y necesario para mantenernos en un estado de derecho, que garantice la justicia y la libertad, que a su vez conlleva al bienestar de todas las personas, por lo que al no llevarse a cabo de manera eficiente y completa esa función jurisdiccional, desde luego genera y en nuestro estado empieza ya a generarse una serie de consecuencias, malestares, inquietudes y que desde luego puede generar índices mayores de violencia, desordenes públicos y perturbaciones, al aplicarse justicia de propia mano, por lo que es deber del estado garantizar ese respeto al orden jurídico.

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Como abogados estamos conscientes y comprendemos el momento histórico en el que nos encontramos, toda vez que el 11 de marzo de 2020, la Organización Mundial de la Salud declaró que el coronavirus SARS-CoV2 y la enfermedad COVID-19, debían calificarse como una pandemia, por lo cual todos los países incluyendo el nuestro adoptaron medidas urgentes en materia de salud, para buscar la contención sanitaria que contribuyera a la prevención y disminución del riesgo de posible contagio del mencionado virus, por lo que así la federación y en este caso el estado de Sonora, emitió acuerdos en el mes de marzo del presente año, mediante el cual determinó suspender las actividades jurisdiccionales, dejando a salvo solamente los asuntos que tienen que ver con casos urgentes en diferentes materias, misma suspensión que se aplicó a partir del 17 de marzo del presente año.

Muy a pesar que de acuerdo a las directrices del consejo nacional de salud pública, quien determinó que la función de impartición de justicia era una actividad esencial y por lo tanto podía y debía seguir desarrollándose sin limitación alguna, esto no ocurrió así, suspendiéndose entonces prácticamente más del 90% de todos los asuntos y en todas las materias.

Ante tal situación, los abogados actuamos con prudencia y paciencia, manteniéndonos en la creencia que esto solo ocurriría de manera temporal pero breve, mientras se emitían acuerdos o estrategias para continuar con las labores bajo las medidas necesarias y pertinentes, sin embargo a la fecha han transcurrido cuatro meses y medio desde esa suspensión, sin que se haya reactivado a cabalidad y de manera completa esa función, lo que desde luego no solo nos ha afectado e impactado de manera grave y directa a los usuarios del servicio, si no que colateralmente a nuestra profesión, ya que dependemos del trabajo que realizamos ante la autoridad jurisdiccional para generar los ingresos necesarios para mantener a nuestras familias y satisfacer las necesidades más básicas.

Además, con la suspensión de actividades jurisdiccionales, también se ha afectado a los justiciables, quienes se encuentran impedidos para resolver su problemática legal, en muchos casos de suma importancia porque tiene que ver con su patrimonio, familia y proyectos de vida, con lo cual se han venido violentando los derechos humanos en ese sentido, así reconocido por nuestra Constitución Federal y diversos Tratados Internacionales de los que nuestro país es parte, por lo que a la fecha ya hemos soportado bastante presión de nuestros clientes que nos exigen resultados y que cada día ven con desesperación que se hace nugatorio su derecho de recibir justicia pronta y expedita como lo señala nuestra Carta Magna, lo anterior al no ver avances en los asuntos tanto ya presentados antes de la suspensión, así como también nuevos casos.

Absurdamente vemos, sobre todo en nuestra región, que actividades no esenciales y menos prioritarias se encuentran laborando prácticamente de manera normal, como tiendas departamentales, tiendas de conveniencia con venta de alcohol, comercio, restaurantes, gimnasios, por solo mencionar algunos, mientras una función que si es esencial, no se le está dando la verdadera importancia que conlleva para mantener el orden y la paz social; vemos también con extrañeza que mientras el Poder Ejecutivo y el Poder Legislativo con las debidas adecuaciones y estrategias de prevención en materia de salud, en ningún momento suspendieron sus actividades también de enorme importancia, mientras que el Poder Judicial si lo hizo desde el inicio de la pandemia y se ha mantenido en un letargo y pasividad inexplicable.

La Suprema Corte de Justicia de la Nación y el Consejo de la Judicatura Federal igualmente en un principio declararon suspensión de actividades, sin embargo, poco a poco fueron emitiendo acuerdos mediante los cuales establecieron algunas medidas para reactivar labores, primero privilegiando el trabajo desde casa (Home Office), la sesiones de videoconferencia como herramientas de trabajo permanente, la promoción de juicios en línea aprovechando las avances tecnológicos actuales; siempre buscando la manera de como cumplir con su trabajo y obligación.

Ciertamente y con motivo de diversas exigencias y presiones de barras, colegios, asociaciones y abogados litigantes del estado, finalmente se emitieron los acuerdos 7, 8, 9 y 10/2020 por parte del pleno del Supremo Tribunal de Justicia para reanudar actividades en las materias Civil, Familiar, Arrendamiento y Mercantil, que fue denominado “PLAN DE REGRESO GRADUAL A LA NORMALIDAD DEL SERVICIO DE IMPARTICIÓN DE JUSTICIA EN SONORA”, mediante la instrumentación de tres etapas, por lo que a la fecha aún nos encontramos en la primer etapa que dio inicio el 20 de julio del año en curso.

Esta primera etapa, que tiene que ver con el sistema electrónico de registro y obtención de turnos para la presentación de escritos no urgentes y revisión de expedientes, esto de manera muy restringida para los abogados litigantes, pero sobre todo que como se establece en el acuerdo correspondiente, solamente se trata de escritos que no impulsen el procedimiento, que no tengan nada que ver con la preparación y desahogo de pruebas, con ejecución de sentencias y en demandas nuevas, solamente hasta llegar al auto de radicación, por lo que bajo ese contexto prácticamente y en términos reales y efectivos no estamos avanzando, ni significa alguna solución al problema para los justiciables, por lo que prácticamente y sin pretender ser sarcástico y en términos coloquiales “solo se nos dio un mejoral, pero de ninguna manera resuelve la enfermedad”.

En el sentido anterior y como abogados litigantes, amparados en nuestra carta magna, en los tratados internacionales suscritos por nuestro país, así como también en el sentido común, venimos a exigir en representación de nuestros clientes específicamente al Poder Judicial del Estado de Sonora, que de manera inmediata y sin mayores contratiempos, REACTIVE EN SU TOTALIDAD EL FUNCIONAMIENTO DE LOS ÓRGANOS JURISDICCIONALES A SU CARGO y en consecuencia se reanuden los plazos y términos procesales en todos los asuntos, se reactive la recepción y tramitación de promociones y demandas presentadas físicamente, emplazamientos, notificaciones personales, envío de oficios, ejecución de sentencias, así como el desahogo de diligencias que requieran la presencia de las partes, es decir, todo aquello que impulse de manera efectiva el procedimiento, claro está manteniéndose todas las medidas necesarias para evitar contagios, tanto del personal de los tribunales, como de los usuarios en general y operadores jurídicos.

Es importante mencionar, como antecedente y apoyo de lo anterior, el acuerdo general número 21/2020, emitido por el pleno del Consejo de la Judicatura Federal, apenas el pasado 28 de julio del presente año, “relativo a la reanudación de plazos y el regreso escalonado en los Órganos Jurisdiccionales ante la Contingencia por el Virus Covid-19”, mediante el cual regulan con mucha precisión la forma en cómo se reanudan los plazos y términos procesales, la atención al público, el uso de herramientas para la atención de los justiciables, establecen de igual forma un modelo para la atención presencial basado en citas, el funcionamientos de las oficinas de correspondencia y oficialías de partes comunes, el trabajo presencial y a distancia en los órganos jurisdiccionales, la tramitación de asuntos en los Juzgados de Distrito, Tribunales Unitarios y de Circuito, desahogo de diligencias y celebración de audiencias, notificaciones, juicios en línea, entre otros temas.

En dicho acuerdo el Poder Judicial Federal establece una serie de medidas y disposiciones que tienden precisamente a cumplir en su totalidad con la prestación del servicio público de impartición de justicia en los juzgados de distrito, tribunales unitarios, tribunales colegiados y plenos de circuito, por lo que si la autoridad federal y sus órganos jurisdiccionales pueden hacerlo y marcan la pauta en ese sentido, no existe ninguna razón para que los tribunales de nuestro estado también puedan tomar la decisión de aperturar en su totalidad el servicio de impartición de justicia.

Por lo tanto, como abogados litigantes, que como es bien sabido, somos auxiliares en la cristalización de ese derecho humano, tenemos la obligación de exigir que así se proceda de forma inmediata, de ahí obedece la manifestación pública y pacifica que el día de hoy 31 de julio estamos realizando de manera pacífica por fuera de los juzgados civil y familiar de esta ciudad de Navojoa, Sonora y que también firmamos al calce del presente escrito para dejar constancia de nuestra participación y solicitud.

Desde luego también hacemos un llamado a nuestra gobernadora LIC. CLAUDIA ARTEMIZA PAVLOVICH ARELLANO, por cierto colega de profesión, para los efectos de que gestione ante el mencionado poder judicial lo relativo a nuestra petición y mantenga la coordinación que siempre debe de existir entre los poderes del estado, petición que le hacemos sabedores que uno de los ejes rectores de su gobierno, lo es precisamente la impartición de justicia, lo cual lo entiende a la perfección, por lo que va nuestra confianza para que escuche nuestra voz y gestione lo conducente.

Bajo el mismo orden, también solicitamos al Congreso del Estado de Sonora, a través del presidente actual de la mesa directiva FRANCISCO JAVIER DUARTE FLORES, que también gestione y haga eco a nuestra exigencia, toda vez que no es en beneficio de un grupo de personas, sino un beneficio a toda la sociedad sonorense que ustedes representan, ya que más que un anhelo, es un derecho fundamental y una exigencia el que se haga justicia, por lo que de igual forma se les hace saber que se requiere urgentes reformas en materia de justicia en línea o juicios electrónicos, que hagan posible una administración de justicia acorde a las exigencias de la actualidad, por lo que bajo ese contexto esperamos su pronta gestión y respuesta.

II.- Suponiendo sin conceder que remotamente y muy a pesar de las legítimas argumentaciones que son base de nuestra exigencia, el pleno del Supremo Tribunal de Justicia, considere por alguna razón que no es procedente nuestra solicitud de reaperturar totalmente la actividad jurisdiccional, cuando menos y de forma INMEDIATA, solicitamos que se emita un acuerdo modificatorio a los ya dictados, en donde se amplié el espectro de todas aquellas actividades y diligencias que deberán practicarse dentro de esta primera etapa, toda vez que a la fecha por ambigüedad o indebida interpretación de tales acuerdos, en los juzgados civil y familiar cuando menos en esta ciudad, existen absurdos, como el negarse a girar oficios a diversas entidades públicas o privadas y otros en donde nada tiene que ver la presencia física de justiciables al interior de las instalaciones de los juzgados, por lo que no hay una razón de ser para hacer tal negativa, por lo tanto, deberán incluirse todas aquellas actividades, actos procesales o diligencias, que nada tengan que ver con presencia física de personas, por lo que de manera enunciativa más no limitativa, se propone que se lleven a cabo las siguientes:

a) Se giren todo tipo de oficios en tales materias civil, familiar y mercantil, que como es bien sabido dichos oficios se nos entregan a nosotros mismos como litigantes, quienes desde siempre nos encargamos de trasladarlos a donde corresponde, regresando el acuse de recibo correspondiente, por lo que no hay razón de ser, que se niegue el girar oficios a la oficialía del registro civil para hacer anotaciones en las actas cuando un divorcio ya causó ejecutoria, o que se giren oficios de búsqueda a diferentes dependencias cuando se desconoce el domicilio del demandado, así también que se emita oficio al Instituto Catastral y Registral del Estado de Sonora para emitir un informe o para que se registre o se cancele un embargo, una hipoteca, etc., que se emitan oficios para hacer publicaciones de edictos en medios de comunicación cuando se desconoce el domicilio de la persona que debe notificarse determinado asunto, que se giren oficios en materia de pensiones alimenticias, lo cual solo es por mencionar algunos ejemplos, pero desde luego existen otros casos más.

b) Así también, mediante las medidas de prevención sanitaria correspondientes, se desahoguen pruebas previas a la radicación, jurisdicciones voluntarias y todo aquello en donde no exista controversia o acumulación de personas.

c) Ratificación de todo tipo de peritajes o documentos, que desde luego implica que no exista controversia, ni tampoco dilaciones de tiempo.

d) Juntas de herederos y nombramiento de albacea, en casos donde exista un solo heredero o un máximo de tres herederos.

e) Diligencias en materia de ejecución de sentencias, en donde no exista la necesidad de presencia física de personas.

f) De ninguna manera debe obligarse a las partes en los juicios ejecutivos mercantiles a señalar correos electrónicos, sino que deben continuar tal y como lo establece el Código de Comercio, ya que hacerlo de manera diferente, sería tanto como legislar, lo cual no es competencia del poder judicial.

En estos casos la propuesta es que para evitar cualquier eventualidad, se activen turnos matutino y vespertino del personal de los juzgados, para que exista el menos personal posible en cada uno de los turnos, en aquellos juzgados como específicamente los de esta ciudad de Navojoa, Sonora, en donde existe condiciones para que por fuera de los mismos, puedan desahogarse ese tipo de diligencias o desahogo de testigos al aire libre, bajo una carpa y en horarios tempranos, en donde aún el calor es soportable.

Desde luego como abogados y representantes de los justiciables, estamos dispuestos a acatar cualquier tipo de medida de prevención sanitaria que sea necesaria, como el uso obligatorio de cubre bocas, gel antibacterial, guantes, distanciamiento social, horarios ampliados y cualquier otro que sea necesario y pertinente, por lo que solo nos resta que se nos atienda en nuestra exigencia, que consideramos es totalmente legítima y en apego a derecho, no omitiendo señalar que en caso de no obtener respuesta favorable en un plazo no mayor de dos días hábiles, nos veremos en la necesidad de adoptar medidas más drásticas, ya que nuestro único interés y objetivo, lo es el que se reestablezca el estado de derecho, esto mediante el funcionamiento completo de la actividad jurisdiccional.

PROTESTAMOS LO NECESARIO

ATENTAMENTE

ABOGADOS LITIGANTES UNIDOS DE NAVOJOA, SONORA.

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