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Las feministas rechazan la propuesta de eliminar el feminicidio del código penal

Alejandro Gertz Manero expuso al partido del Gobierno las dificultades jurídicas de determinar el machismo como móvil del crimen

ESPECIAL, Feb. 3.- La propuesta del fiscal general de México de eliminar el delito de feminicidio ha caído como una señal de involución entre las diputadas del partido del Gobierno, que escucharon en una reunión privada cómo Alejandro Gertz Manero exponía las dificultades para determinar jurídicamente cuándo una mujer ha sido asesinada por el hecho de ser mujer. “No vamos a avalar ningún retroceso, este tipo penal se consiguió con la lucha de muchas mujeres”, ha zanjado la diputada del Movimiento de Regeneración Nacional (Morena) y presidenta de la Comisión de Igualdad, Wendy Briceño. “El presidente ya lo ha dicho, no habrá retrocesos”. Feminicidio no es más que aplicar perspectiva de género a las muertes violentas de mujeres.

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México debate estos días la redacción de un Código Penal único para toda la República y en ese contexto se produjo el pasado miércoles la reunión del fiscal general con los diputados de Morena, donde expuso su punto de vista. “Explicó que los feminicidios eran un delito complicado para los ministerios públicos”, dice Briceño, “pero no se habló en concreto de trasladar esta propuesta al nuevo Código Penal”, asegura la legisladora. A su parecer, este tipo penal sigue siendo imprescindible para “la visibilización de la violencia contra la mujer en un contexto de machismo. Estos casos no son simples homicidios”, señala Briceño.

En 2012 el Código Penal Federal estableció en su artículo 325 el delito de feminicidio para quien “prive de la vida a una mujer por razones de género” y en él se establecen las circunstancias que han de concurrir para ello: signos de violencia sexual, antecedentes de maltrato, relaciones sentimentales previas, amenazas, incomunicación de la víctima o exhibicionismo del cuerpo de la víctima, entre otras. La antropóloga feminista Marcela Lagarde se encargó en el Congreso de sacar adelante aquella iniciativa. En estos casos se reservan penas de 40 a 60 años de cárcel y el criminal pierde derechos relacionados con la víctima como los sucesorios. El artículo dispone que en caso de no acreditarse el feminicidio se juzgara a la víctima con las reglas del homicidio.

Pero los feminicidios son delitos que rara vez caen en la jurisdicción federal, sino en la de cada uno de los 32 Estados mexicanos y solo 19 tiene un artículo similar al federal, con circunstancias objetivables que sirven como pruebas. “Las reticencias para tratar estos crímenes con perspectiva de género se encuentran en los Estados, pero también en el proceso judicial, en la investigación policial. Normalmente se investigan como homicidios, cuando debería ser al revés: tratar cualquier muerte violenta de una mujer, incluido el suicidio y algunos accidentes, como un delito de género y si no se dan las circunstancias previstas reconsiderarlo como homicidio”, dice Ana Yeli Pérez Garrido, asesora jurídica del Observatorio Ciudadano Nacional de Feminicidios (OCNF).

En un país en el que mueren 10 mujeres al día por causas machistas es más difícil equivocarse si se inicia la investigación con perspectiva de género. Casos como el de Mariana Lima Buendía, con sentencia de 2015, lo demuestran. “Pero más de un 70% de estos casos queda impune”, dice Pérez Garrido. “Siempre tenemos que estar atentas a que se reclasifiquen los delitos, porque la investigación se empieza al revés”, añade. “Las fiscalías son reticentes porque no comprenden o no quieren comprender estos delitos”, afirma.

“Necesitamos que el Código Penal único que se está planteando establezca un solo tipo penal para todo el país para estos casos y es necesario que se capacite con perspectiva de género al personal de los ministerios públicos, que sepan traducir con esas claves la información de la que disponen”, sugiere Briceño. Opina que el feminismo debería atravesar todo el Código Penal y que trabajarán para que las conquistas en este sentido se amplíen. “No se va a retroceder”, asegura.

“Parece un asunto superado, pero preocupa que a estas alturas el fiscal plantee esta iniciativa. Desconoce las razones por las que se tipificó el feminicidio, no es solo algo legal, sino el reconocimiento del contexto de violencia que se visibilizó desde los 90 en Ciudad Juárez. A pesar de que llevamos varias décadas con estas demandas, el número de víctimas mortales no ha hecho más que crecer”, señala Pérez Garrido.

México ha vivido en las últimas semanas casos sangrantes al juzgar, sin la mínima perspectiva de género, delitos que se producen con inequívocos rasgos del machismo criminal. Abril Pérez Sagaón fue asesinada el 25 de noviembre después de una serie de negligencias procesales que acabaron con la suspensión del juez Federico Mosco González. La mujer ya había sido víctima de una terrible agresión de su marido, que la golpeó mientras dormía con un bate de béisbol, le cortara con un bisturí y profiriera amenazas de muerte contra ella delante de sus hijos. La levedad con que fueron juzgados estos hechos es alarmante. Un sicario, supuestamente, la mató después de semanas de batallar en los tribunales en los que apenas consiguió una orden de alejamiento. El marido, Juan Carlos García, exdirector de Amazon en México, quedó en libertad.

 

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