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Caso Aguayo y el regreso de la judicialización vs. Prensa

ESPECIAL, Ene. 30.- El caso Aguayo nos regresa a épocas de amenazas a la libertad de expresión que se trataron de conjurar hace 13 años con la despenalización de los llamados delitos de prensa. Como asignatura pendiente de la democratización, el Congreso eliminó en 2007 la pena de cárcel por abusos en el ejercicio de ese derecho y dejó las sanciones por “injuria”, “difamación” o “calumnia” sólo en el Código Civil, con multas o reparaciones económicas. Sin embargo, la reforma, como hoy se aprecia, resultó limitada, sin estándares para regular la malicia efectiva y juicios especiales para casos que piden castigar la opinión, como en el juicio del expresidente del PRI, Humberto Moreira, contra el académico y periodista.

Las omisiones legislativas en esta materia son especialmente graves en un país en que la prensa está permanentemente amenazada por poderes formales y de facto. México no es solamente uno de los más mortíferos para este trabajo, sino uno en que emitir críticas u opiniones sobre una autoridad o personaje público puede inhibirse por temor a la catástrofe económica y patrimonial. El juicio del también exgobernador de Coahuila contra Sergio Aguayo por un artículo de opinión enseña que la vía civil puede ser un sucedáneo de la amenaza penal para acosar judicialmente o restringir la libertad de pensamiento y expresión de ideas.

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Hace tres años, en 2016, Moreira demandó por “daño moral” a Aguayo debido a una columna en que afirmaba que “destilaba un hedor corrupto”, días después de que fuera detenido en España acusado por su Fiscalía Anticorrupción de lavado de dinero, cohecho y asociación criminal. La Sexta Sala Civil del Tribunal Superior de Justicia de la CDMX revocó, en noviembre de 2016, un primer fallo favorable a Aguayo y, en cambio, ordenó pagar a Moreira 10 millones de pesos por concepto de “daños punitivos”, sin justificar la real malicia, la irreparabilidad del daño o el impacto de su columna ni atender ninguno de estos criterios de los estándares internacionales.

Moreira ha sido investigado por desvío de recursos públicos cuando fue gobernador de Coahuila (2005-2011) y se le atribuye una deuda de 34 mil millones de pesos en su administración. Las investigaciones se han extendido en México y EU, donde, declaraciones de 24 testigos en tres juicios federales contra integrantes de Los Zetas entre 2013 y 2016 señalaron a Moreira de recibir dinero de ese cártel. En esas fechas, Aguayo elaboró también un informe sobre el poder de Los Zetas en el estado, sobre jefes policiacos, procuradores y centros penitenciarios, con archivos que le proporcionó Rubén Moreira, hermano y sucesor de Humberto en la gubernatura.

Ninguna de estas investigaciones pesó en la obligación del juzgador de probar la intención de infligir un daño irreparable detrás de la opinión de Aguayo. Desaparecieron de sus criterios, como si se trata de una persona impoluta y de probidad sin duda. Y si bien la protección de la reputación está garantizada por sanciones civiles, la desproporción de la reparación también abre la puerta a su uso para el hostigamiento judicial. A través de una queja, Aguayo ha advertido de conflicto de interés del juzgador por la entrega del permiso de una Notaría a un hermano suyo por parte del gobernador de Coahuila en 2017, Rubén Moreira.

El Consejo de la Judicatura de la CDMX debe investigar la actuación del juez, pero también es hora de que la legislación retome el caso para incorporar estándares internacionales en la regulación sobre el daño moral por abusos de la libertad de expresión, antes de que la vía civil se vuelva una forma eficaz de inhibir opiniones y críticas contra la autoridad. México había avanzado mucho desde 2007 con la despenalización de los delitos de prensa, pero las lagunas legislativas pueden revertir el terreno ganado y regresar a los tiempos en que la amenaza de los tribunales era uno de los mejores disuasivos del debate público. Y ya se sabe que cuando se apaga la discusión de los hechos de interés general, también se oscurece la democracia.

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