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El nuevo ISR que colapsará a trabajadores y microempresas

ESPECIAL, oct. 15.- En las próximas horas es muy probable que ya se apruebe en comisiones la iniciativa de la Ley de Ingresos 2020 con la intención de que hacia el jueves se suba al Pleno para su discusión.

Más allá del impacto que en cientos Mipymes y trabajadores independientes tendrán las reformas al Impuesto sobre la Renta (ISR), hay otro golpe del que poco se ha hablado.

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Se trata de ajustes que van a limitar la deducción de intereses de las empresas, un asunto que ya prendió focos rojos entre los asociados al Consejo Mexicano de Negocios, de Antonio del Valle.

Los intereses netos por créditos no serán deducibles cuando excedan el 30 por ciento sobre la Utilidad Fiscal Ajustada a partir del año entrante, independientemente de cuando se haya contratado la deuda.

La iniciativa que envió la Secretaría de Hacienda de Arturo Herrera, establece que el monto de los intereses no deducibles se podrá deducir en los tres ejercicios siguientes, nada más.

Se incluye una excepción a los primeros 20 millones de pesos del ejercicio y no será aplicable a los intereses que deriven de deudas contratadas para financiar obras de infraestructura pública.

Incluye construcciones en territorio nacional y proyectos para exploración, extracción, transporte, almacenamiento o distribución de hidrocarburos y para generación, transmisión o almacenamiento de electricidad o agua.

Esta no deducibilidad de intereses aplicaría en lugar de la capitalización delgada que actualmente incluye la Ley del Impuesto sobre la Renta.

La medida limita la flexibilidad de las empresas para elegir financiarse entre deuda y capital y restringe su libertad para organizarse de la manera más eficiente.

Además perjudicará cierto tipo de inversiones, como aquellas en las que se involucran fusiones y adquisiciones en las que los créditos juegan un papel muy importante.

Las limitaciones a la deducibilidad de intereses para las empresas pueden llevar a un incremento significativo de sus obligaciones fiscales y vulnerar su situación financiera.

El impacto debe también tomar en cuenta los ajustes por inflación a dicha deducibilidad, como es el caso de México aún antes de las modificaciones propuestas al Paquete Fiscal 2020.

Asimismo, es importante reconocer el reto que significa aplicar este tipo de medidas que pueden llevar a la pérdida de competitividad del régimen fiscal de un país frente a otros.

La falta de estabilidad del régimen tributario es un costo adicional en términos de riesgo que los inversionistas tomarán en cuenta en el futuro y por el que descontarán un premio.

De acuerdo con un estudio realizado por el despacho De la Calle, Madrazo y Mancera, estas consideraciones permiten concluir que las restricciones a la deducibilidad de intereses significarían niveles inferiores de inversión privada, inversión total, PIB y empleo.

La inversión privada sería entre 1.89 y 5.67 por ciento menor, la inversión total entre 1.63 y 4.88 por ciento menos, el PIB entre 0.36 y 1.08 por ciento inferior.

Finalmente el número de empleos, incluyendo directos, indirectos e inducidos, se desplomaría entre 20 mil 586 y 61 mil 758 plazas.

AYER LA COMISIÓN de Competencia tuvo que salir a confirmar que encontró evidencia de presuntas prácticas monopólicas de siete bancos en la intermediación de bonos gubernamentales. Como siempre sucede, la instancia a cargo de Alejandra Palacios no las mencionó pero se trata de las que ayer señalamos aquí: BBVA, Citibanamex, Santander, JP Morgan, BofA, Deutsche Bank y Barclays. Las operaciones de sus mesas de dinero se dieron con mayor intensidad en las gerencias de Luis Robles Miaja, Javier Arrigunaga, Marcos Martínez, Eduardo Cepeda, Emilio Romano, Jorge Arce y Raúl Martínez-Ostos. En todos los casos las áreas de Tesorería se saltaron a las de compliance y legal. El que se acogió al programa de inmunidad y empezó a colaborar con la autoridad investigadora a cargo de Sergio López fue el inglés Barclays, que en 2012 fue encontrado culpable de engañar a inversionistas globales por manipular a su conveniencia la tasa Libor, lo que llevó a su CEO, Bob Diamond, a dimitir. Por eso enmendaron el camino en México.

LA UNIDAD FLOTANTE de Almacenamiento y Regasificación de Gas Licuado Natural (FSRU) quedó en el limbo. Este contrato para procesar hasta ocho millones de pies cúbicos por día con un valor que podía llegar hasta 7 mil millones de dólares lo traía el Centro Nacional de Control de Gas Natural, que dirige Elvira Daniel. Pero lo bloqueó la CFE, que comanda Manuel Barlett, y atrás está Rocío Nahle, la secretaria de Energía. El negocio quedó en medio de la disputa que sostienen con Octavio Romero, mandamás de Pemex. Un actor que ha entrado a mediar es Lázaro Cárdenas Batel, el influyente jefe de asesores de la Presidencia. Ayer por cierto en un hotel de Polanco donde suele despachar asuntos, con la directora de Petróleo para México y Costa Rica de Trafigura, Katia Eschenbach, uno de los interesados en ese FSRU.

DONDE LA RELACIÓN cada día está más complicada es en la Afore Siglo XXI. Y es que su director, Juan Pablo Newman, simplemente no se lleva nada bien con el presidente de esa administradora de fondos para el retiro, Felipe Duarte. Éste fue designado por Banorte, de Carlos Hank González, apenas hace escasos tres meses luego de que el IMSS, que lleva Zoé Robledo, nombrara a aquél director. Ambas poseen 50 por ciento de la Afore, que de ser la líder hoy se ubica en la cuarta posición, superada por Azteca, Citibanamex y Coppel.

NO PIERDA DE vista al fondo soberano de Singapur GIC. Acaba de adquirir el 19.9 por ciento de la Red Carretera de Occidente que vendió Goldman Sachs. A los asiáticos los está promoviendo ni más ni menos que el gobernador de Oaxaca, Alejandro Murat. El político ha estado tratando de convencer al presidente Andrés Manuel López Obrador de que sea GIC el que retome el fallido aeropuerto de Texcoco. Quién sabe si lo logre. Pero donde los singapurenses sí van a tener entrada es en el Tren Transísmico que unirá Salina Cruz con Coatzacoalcos.

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