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Un Gobierno sin espacio para el disenso

ESPECIAL, May. 23.- La bomba política de la temporada, la renuncia de Germán Martínez a la dirección del Instituto Mexicano del Seguro Social, hizo evidente una de las contradicciones centrales del proyecto gubernamental de López Obrador. La carta con la que Martínez –uno de los fichajes más sorprendentes de la campaña electoral pasada, emblema de amplitud de la coalición gobernante– dejó la dirección del mayor organismo de seguridad social del Estado mexicano confirma que para el Presidente de la República lo central es conseguir los recursos para sus programas de transferencias en efectivo, así se caiga a pedazos el sistema de salud, y también que no va a transigir en la centralización del ejercicio presupuestal, aunque con ello pueda colapsar la gestión pública en temas tan relevantes como la provisión de seguridad social.

Como en los tiempos del más rancio neoliberalismo salinista, el poder de Hacienda es incontrovertible, aunque ahora no se maneje desde la oficina del Secretario del ramo, sino desde otra ala del Palacio Nacional. La disciplina férrea que pretende imponer el Presidente de la República sobre todos sus funcionarios, reflejada también en la orden a María Novaro para que regresara de perentoriamente del festival de Cannes, acabará por asfixiar toda innovación o creatividad en las dependencias públicas y en lugar de resolver el problema de agencia, como pretende el Presidente, lo que va a provocar es  parálisis, desabasto, ineficiencia y lentitud en la administración, mientras que el ahorro será magro y contraproducente y apenas disminuirá la corrupción.

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Al Presidente parece no importarle el funcionamiento cotidiano del Estado. Omite en su concepción de gobernar que también fue electo para ser garante de la operación de los miles de servicios que la administración pública debe proveer, a los que está obligada por mandato constitucional. Con sus recortes radicales a sectores prioritarios de la administración, orientados por completo a su ambicioso plan de transferencias en efectivo, y sin incentivos para aumentar la eficiencia de la gestión más allá de las arengas presidenciales, López Obrador puede provocar efectos muy nocivos en la marcha cotidiana de los organismos públicos que atienden problemas importantes de la población o que se dedican a la prevención para el corto y largo plazo. Vimos ya los efectos de los recortes a CONAFOR, que alcanzaron niveles catastróficos para el medio ambiente de la Ciudad de México, con afectación inmediata a la salud de las personas. Por supuesto ni hablar de temas como la ciencia y la tecnología, a las que está asfixiando.

El Presidente ha dejado claro que no tolerará intento de autonomía alguno por parte de sus subalternos. La virtud más valorada en el gabinete, a partir de ahora, será la disciplina. Como en los tiempos más duros del presidencialismo priista, los secretarios de Estado tienen que estar atentos todos los días a los designios presidenciales para satisfacer hasta el último capricho del Señor del Gran Poder. En aquellos tiempos, sin embargo, el incentivo para la eficiencia estaba colocado en la competencia por la sucesión presidencial, que sería decidida por el Presidente, por lo que no solo había que mostrar lealtad lacayuna, sino también resultados evaluables. Ahora, todas las mañanas el Presidente gira instrucciones para que sean ejecutadas sin chistar y sin margen de autonomía.

Para garantizar la disciplina en el IMSS López Obrador envió a uno de sus principales operadores políticos, uno de sus más leales, Zoé Robledo, aunque con ello debilita aún más a la antes todopoderosa Secretaría de Gobernación. Encargada de toda la política interior, desde la seguridad, el espionaje, las relaciones con los gobernadores y con los otros poderes, era el engranaje central de la operación del Estado en su función de control social y fue cantera de presidentes, pues durante la época clásica del régimen del PRI, a partir de Miguel Alemán, la mitad de los ungidos como sucesores salieron de Gobernación. No contó en aquellos tiempos con una policía de control territorial, pues esa tarea la hacían los estados, con excepción de la vigilancia de los caminos federales, y se recurría al ejército para las amenazas más graves o para situaciones críticas, mientras que la investigación y persecución de los delitos federales estaba en manos de la Procuraduría General de la República; pero Gobernación sí tenía una policía política más o menos eficaz, encargada de hacer notar la presencia del poder autoritario entre cualquier disidencia en potencia.

Durante el Gobierno pasado, Gobernación tuvo en sus manos también la seguridad policiaca federal, que había tenido su propio ámbito durante los gobiernos panistas. Con Peña, Gobernación concentró las tareas de un ministerio del interior de corte europeo. López Obrador, en cambio, ha decidido que no necesita una correa de transmisión así de poderosa para su ejercicio del poder, pues la relación con los gobernadores y con los otros poderes la lleva directamente y ha concentrado todo el poder del control territorial en la Guardia Nacional. Gobernación ha sido despojada de toda su fuerza política, hasta casi quedar convertida en la agencia de relaciones públicas de la Presidencia, la cara amable representada en Olga Sánchez Cordero.

Por supuesto que Gobernación tiene en sus manos temas sensibles, como el de los desaparecidos, y podría jugar un papel importante para lograr que los derechos humanos imperen por fin como regla de conducta en todos los ámbitos de la gestión estatal. El talante de la Secretaria y su buena voluntad pueden hacer que no sea superflua su tarea, pero el espacio de acción que le han dejado en el diseño no es ni reflejo pálido del que tuvo la poderosa Segob de otros tiempos. Incluso el evidente compromiso con el cambio de política de drogas, tanto de la Secretaria como del Subsecretario Alejandro Encinas, ha sido abordado de manera contradictoria por el Presidente, cuando al tiempo que presenta una estrategia de prevención novedosa, pone en duda la legalización de la mariguana que ya está en pleno proceso legislativo, precisamente por una iniciativa de la propia Sánchez Cordero cuando era Senadora, además de que existe un mandato de la Suprema Corte de Justicia para que el Congreso legisle en el sentido de la jurisprudencia que emitió. El poder omnímodo perece no necesitarla más que como un escaparate donde muestre un rostro compasivo.

 

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