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La sorprendente ortodoxia fiscal de AMLO

‘Para muchos, ha resultado toda una sorpresa que la política fiscal de López Obrador sea más cercana a la filosofía conservadora que a la visión liberal o de izquierda’, escribe Enrique Quintana.

ESPECIAL, May. 18.- Hay un rasgo del gobierno de Andrés Manuel López Obrador que ha sorprendido, a algunos para bien y a otros para mal: la rígida ortodoxia fiscal.

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En el pasado, los gobiernos de izquierda en muchos países de América Latina y de Europa se caracterizaron por una política fiscal más laxa, con mayor tolerancia al déficit público, con una propensión a simplemente gastar más.

Eran los gobiernos de derecha o conservadores los que tenían como una de sus banderas la reducción del gasto público, así como el control estricto de las finanzas públicas del país.

Además, los gobiernos de izquierda eran proclives a proponer incrementos de impuestos, mientras que los de la derecha buscaban reducirlos o por lo menos no incrementarlos más.

Si además de la tendencia ideológica de izquierda, quien estaba en el gobierno era un personaje carismático y con alto arrastre entre la gente, había una pulsión al gasto en subsidios, apoyos y programas sociales, para asegurar su base de respaldo.

Por eso, para muchos, ha resultado toda una sorpresa que la política fiscal de López Obrador sea más cercana a la filosofía conservadora que a la visión liberal o de izquierda.

Desde la presentación del Paquete Económica 2019, en diciembre de 2018, quedó claro que el gobierno no abandonaría el propósito de generar un superávit primario en las finanzas públicas del país.

La existencia del superávit primario implica que los gastos operativos y de inversión del gobierno son inferiores a sus ingresos ordinarios. Es decir, el déficit deriva exclusivamente del costo financiero.

Pero no fue solo el Presupuesto lo que evidenció la tendencia conservadora del gasto. En diciembre, ya en el primer mes del nuevo gobierno y aún con el ejercicio fiscal 2018, fue visible una contención del gasto público.

Se pensó entonces que era derivada del proceso natural de arranque de una nueva administración y que, al paso de las semanas y los meses, la situación se normalizaría, al menos en cuanto al uso del gasto autorizado.

Terminó el primer trimestre del año y las cifras evidenciaron una reducción del gasto público de 6.1 por ciento en términos reales respecto del mismo periodo de 2018, equivalente a unos 31 mil 363 millones de pesos.

Parte de esta reducción es porque se dejaron de ejercer recursos ya autorizados, en alguna medida por los nuevos procesos de liberación de gastos centralizados en la Secretaría de Hacienda.

Más allá de todos estos hechos, fue anunciado un nuevo programa de reducción de gastos que empezó a aplicarse a partir de mayo y que eventualmente implicará un ahorro superior a los 20 mil millones de pesos.

Otra de las visiones tradicionales de los gobiernos de izquierda es el manejo de la política tributaria con fines de redistribución del ingreso.

En el caso del gobierno de López Obrador, no solamente no se ha planteado un ajuste de las tasas, sino que la política de precios de las gasolinas ha implicado la existencia de un incentivo fiscal vinculado a su consumo, lo cual tiene un efecto regresivo por la naturaleza de adquisición de este insumo en el transporte.

Curiosamente, el gobierno de Enrique Peña Nieto puso en práctica medidas fiscales más cercanas a los gobiernos de izquierda, con un alza del impuesto sobre la renta a las personas físicas de altos ingresos y con una política alcista en los precios de las gasolinas, que tiene un efecto progresivo en la distribución del ingreso.

Por si faltara algo, se ha generado un compromiso para no realizar ajustes impositivos federales en los primeros tres años de esta administración.

Incluso, el gobierno se ha manifestado en contra de incrementos a impuestos estatales, como la tenencia, que están fuera de la autoridad federal.

El efecto de los recortes del gasto igualmente ha tenido un impacto que puede acentuar la desigualdad social, ya que, por ejemplo, el deterioro de los servicios de salud de las instituciones públicas, como el Seguro Popular que está en proceso de extinción, afectará sobre todo a los segmentos de menores ingresos de la sociedad.

¿Cómo entender esta visión conservadora de la política fiscal como parte de un gobierno de izquierda, el primero que ha tenido México?

Es parte de la compleja personalidad del presidente, así como de la diversa composición de la coalición política que controla la Cámaras del Congreso.

Aunque las campañas en contra de AMLO desde 2006, cuando contendió por primera ocasión por la presidencia de la República, lo trataron de pintar como un populista que desordenaría las finanzas públicas, la realidad es que su gestión al frente del gobierno del entonces Distrito Federal mostró un manejo sensato de los números, pero sin realizar ningún cambio de fondo en el ámbito económico, y poniendo el acento en la política social.

En esta ocasión, como cabeza del Poder Ejecutivo, puede ser complicado mantener el mismo esquema que en el gobierno de la ciudad.

La razón es que el dinero no alcanza. Mantener la ortodoxia financiera, más temprano que tarde, va a chocar con la intención de promover programas sociales y fortalecer a las empresas estatales de energía como CFE y Pemex.

La cobija fiscal no alcanza para todo.

El hecho de que el nuevo programa de recortes a realizarse a partir de mayo sea para reunir recursos adicionales que van a destinarse a Pemex muestra que, a diferencia del pasado, en el que la petrolera tuvo que sacrificarse para apoyar las finanzas del gobierno federal, ahora es el gobierno el que tiene que sacrificarse para fortalecer las finanzas de la petrolera.

Va a ser difícil que esa visión conservadora de las finanzas públicas perdure a lo largo de todo el sexenio.

Funcionarios de la Secretaría de Hacienda aprovechan cuanta oportunidad tienen para asegurar que el compromiso de no crear nuevos impuestos o subir los existentes es para la primera mitad del sexenio, no para el periodo completo del gobierno de López Obrador.

La razón es sencilla. Difícilmente puede imaginarse la continuidad de las políticas de construcción de infraestructura y de apoyos a los sectores de menores recursos sin un aumento sensible de los ingresos del sector público.

El estudio sobre México presentado por la OCDE en los primeros días de mayo claramente señala que la reforma fiscal será ineludible para atraer recursos adicionales tanto al gobierno federal como a los gobiernos estatales y municipales, a través del incremento de la recaudación de impuestos como el destinado a la propiedad.

Tal vez serán las circunstancias, al enfrentar una situación fiscal al límite, las que muevan finalmente al gobierno de López Obrador a cambiar su conservadurismo fiscal.

Si no se vuelve a recurrir al sector privado para realizar inversiones en energía, no hay manera de seguir financiando inversiones de Pemex y CFE sin el apoyo del gobierno y, para ello, este requiere más recursos.

La visión de que el dinero iba a aparecer por el combate a la corrupción se quedó simplemente como una oferta de campaña.

La implacable necesidad de contar con recursos regresará a este gobierno a la visión tradicional de la izquierda y de las corrientes liberales.

 

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