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¿Cómo pudo un presunto asesino pasar examen de confianza y ser policía federal?

El 8 de enero pasado, José de Jesús López Bautista, ex Policía Federal, fue detenido, tras asesinar a su esposa y dos hijas en Tecámac, Estado de México. La noticia se sumó a las cotidianas que tienen como protagonistas a policías en funciones o separados del cargo involucrados en homicidios, extorsiones, secuestros, violaciones…

CIUDAD DE MÉXICO, Ene. 12.- José de Jesús López Bautista ex policía federal, fue detenido el 8 de enero por el asesinato de su esposa y sus dos hijas en el fraccionamiento Héroes, en Tecámac, Estado de México. De acuerdo con los reportes oficiales, los cuerpos llevaban al menos siete días estaban mutilados, en estado de descomposición y había intentado calcinarlos.

Otras versiones periodísticas, basadas en versiones de agentes locales, destacaron que el integrante de la Policía Federal habría descuartizado los cuerpos de su esposa e hijas con la intención incluso de devorarlos.

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El caso de López Bautista se sumó al de otros ex o policías en funciones que protagonizan casos de asesinatos, vínculos con el crimen organizado, corrupción, secuestros…

La depuración de la policía es una deuda pendiente a cinco años de la administración del Presidente Enrique Peña Nieto y los gobiernos locales, pese a que durante años se ha presumido como una de las alternativas para salir de la crisis de inseguridad y violencia por la que atraviesa el país, coincidieron especialistas en seguridad.

Desde el 2010 los exámenes de confianza se componen de una prueba toxicológica, psicológica, una evaluación médica, socioeconómica y poligráfica.

El investigador del Instituto Nacional de Ciencias Penales (Inacipe) Martín Gabriel Barrón Cruz detalló que las pruebas que son aplicadas a cuerpos policiales no son suficientes para depurar a los elementos de seguridad civiles.

 “El examen de control y confianza dice que debe de estar certificado por tres años. Es decir que cada tres años debes someterte a esas pruebas, y a lo largo de estos tres años debe haber un sinnúmero para ver el estado físico y psicológico durante los tres años”, explicó.

El criminólogo, Óscar Máynez Grijalva, agregó que detectar con oportunidad anomalías en los agentes de seguridad ayuda a prevenir situaciones como la de José de Jesús López.

“Creo que este Policía Federal ya había manifestado este comportamiento, para llegar a este acto tan extremo. El problema fue que no se detectó. Independientemente de que lo hayan corrido de las fuerzas federales”, dijo a SinEmbargo.

El Gobierno federal ha acusado en reiteradas ocasiones que las administraciones locales y estatales han abandonado las tareas de seguridad.

El último diagnóstico de la Secretaría de Gobernación (Segob) en el país sostiene que hay 8 mil 921 elementos de la policía estatal preventiva, que representa el 6.9 por ciento del total de los uniformados desplegados en el país, que cuentan con resultado aprobatorio en la evaluación de control de confianza. Asimismo, hay otros 27 mil 359 policías estatales sin una evaluación aprobatoria de estas evaluaciones, que representan el 21. 2 por ciento del total.

Al respecto, Máynez Grijalva expuso que en estados como “Chihuahua los cárteles siempre han tenido un control de los policías municipales, y estatales. Estas pruebas, generalmente, no son el problema, sino el sistema que está diseñado para cooptar a los policías. Saca a los honestos, al igual que en la política se escupe a los honestos”.

Antia Mendoza Bautista, directora de Seguridad y Paz Ciudadana (Seypaz) coincidió que el problema de la falta de depuración es sistémico.

“Siempre he sido muy escéptica de la efectividad y eficacia de estos cinco exámenes en los que consiste las pruebas de control y confianza. El problema que yo le veo no es la evaluación en sí. Es el sistema integral en el cual, las policías, o los directivos de los titulares, toman las decisiones sobre quienes permanecen o no. Muchos directivos no aprobaron los exámenes, siguen ahí por una decisión política y discrecional de sus jefes”, dijo.

Marcos Conde Hernández era delegado de la Policía Estatal en el Veracruz de Javier Duarte de Ochoa cuando se le acusó de mantener vínculos con el crimen organizado. El hecho que detonó su detención y posterior encarcelamiento fue la desaparición de cinco jóvenes en el municipio de Tierra Blanca a msnos de efectivos de la corporación a su cargo en enero de 2016. La Fiscalía General del Estado dijo que el funcionario laboraba sin haber aprobado los controles de confianza.

Sin embargo, los efectivos policiacos implicados en crímenes no solo son municipales y estatales. Tal es el caso de Daniel Enrique Bobadilla Velázquez “El Bob Esponja” y Pedro Espinoza Vega, dos elementos de la Policía Federal, quienes fueron detenidos por tráfico de drogas, indocumentados y maletas con dinero en el Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México en junio de 2015 .

Además no son pocas las acusaciones de agentes del Instituto Nacional de Migración acusados de extorsión y de formar parte de redes de tráfico de personas.

La colusión delincuencial de los encargados federales no quedan en los mandos bajos. Iván Reyes Arzate, ex policía federal y ex enlace mexicano de alto nivel con la agencia antidrogas de EU, se entregó a las autoridades estadunidenses en Chicago en abril de año pasado. Se le acusa de haber trabajado para el cártel de los Beltrán Leyva al menos desde 2009.

El 5 pasado de septiembre, el ahora ex Secretario de Gobernación Miguel Ángel Osorio Chong exigió a los estados y municipios cumplir con los acuerdos del Consejo Nacional de Seguridad para profesionalizar a los policías locales. No obstante, el think tank México Evalúa recordó que el Diagnóstico Nacional sobre las Policías Preventivas de las entidades federativas mostró que sólo 6 de las 39 academias e institutos de formación policial cuentan con los 12 rubros mínimos de infraestructura y equipamiento considerados en el estándar.

Edgar Cortez Moralez, investigador del Instituto Mexicano de Derechos Humanos y Democracia (IMDHD), señaló que las pruebas de control y confianza deberían de considerar el rendimiento que han tenido los policías. “Es lo que se tendría que estar evaluando en simultáneo. Y creo que [la evaluación de control y confianza] tiene otro problema, en un momento dado no es suficientemente confiable este proceso, sobre todo, lo que tiene que ver con el polígrafo, que ha sido cuestionado en diversos países”.

Sobre este detector, Barrón Cruz explicó que “en realidad el gran problema que tenemos con las pruebas de control y confianza es que el primer gran criterio implica un examen médico, psicológico, social, pruebas psicométricas, e inclusive la parte de adicciones. Pero qué pasaba, podrías pasar el examen médico, el psicológico, el toxicológico, pero si no pasabas el polígrafo estabas dado de baja. Esa prueba para mí es un criterio, un elemento que deberías de cumplir, pero deben de haber otros que sean tomado en consideración”.

Julio César Mateos, ex directivo de Seguridad Pública de Valle de Chalco, es acusado de dar protección con la Familia Michoacana. En junio pasado fue vinculado a proceso y de acuerdo con el Alcalde Julio César Mateos el jefe de uniformados había aprobado todos los exámenes de confianza.

De acuerdo con el Diagnóstico Nacional, hay una carencia de elementos policiales. Se necesita duplicar el número actual el 115 mil 943 elementos para llegar al estándar mínimo de 1.8 por cada mil habitantes. Sin embargo, el conjunto de policías actual ya representa un riesgo, si no se les otorga una oportunidad para vivir una vez que dejan las labores policiales.

Martín Gabriel Barrón Cruz señaló: “La gran pregunta que yo hago desde hace mucho tiempo es qué ha pasado con todos elementos policiales que salen de las corporaciones, cuál es el seguimiento que se les da una vez dados de baja para poder determinar si en algún momento se van a integrar a la delincuencia organizada puede”.

La relación de la complicidad del crimen organizado y las policías ha dado lugar a capos como Nemesio Oceguera Cervantes, “El Mencho”, líder del Cártel de Jalisco Nueva Generación, quien fue policía en el municipio de Tomatlán y hoy su grupo es considerado como el de mayor crecimiento.

El ingreso salarial y las prestaciones de los policías mexicanos es otro factor de alarma. Al menos 13 entidades ofrecen a sus policías un salario inferior a los 9 mil 300 pesos mensuales, que es el promedio nacional de referencia. Y ninguna otorga al 100 por ciento las seis prestaciones básicas a sus elementos.

“Los salarios no son un problema, no porque diga que deben continuar en ese estado. Nicaragua, igual que República Dominicana, tienen policías en esas condiciones. Sin embargo, no necesariamente son las más corruptas. Es una cuestión de mejorar todo un sistema de dignificación y profesionalización. Hay que brindarles mejores no sólo salarios, sino prestaciones, acceso a créditos hipotecarios, incentivos que les permita a los y a las policías sentirse parte de una institución y responder por ella”, explicó Mendoza.

sinembargo.mx

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