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Los otros graves riesgos de la Ley de Seguridad Interior

CIUDAD DE MÉXICO, dic. 06.- En mi experiencia en el trabajo con comunidades en la formación de jóvenes como agentes de cambio social, la violencia para construir paz o seguridad solo tiene un destino: fracasar y corromper. La verdad es que la violencia no solo destruye la vida de las personas, se come las instituciones y al final el Estado es rehén de la criminalidad, es así frente al crimen organizado. Y he ahí un gran problema con la Ley de Seguridad Interior.

Políticos mafiosos, gobernadores y presidentes municipales han matado a la democracia mexicana, ofertando las policías a los mejores postores, vendiendo la responsabilidad de la seguridad a los grupos del crimen organizado, pensando que podían controlarlos. Sin embargo, hoy el crimen organizado los consume sin chistar.

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Aún cuando el Estado mexicano no cuenta con capacidades para detener el flujo de capitales y activos del crimen organizado, sus brazos legislativos están por aprobar la Ley de Seguridad Interior y con ese paso poner en riesgo de venta a las fuerzas armadas. Podrán decir que nos equivocamos pero desde el gobierno de Zedillo fuimos perdiendo a las Fuerzas Armadas, vimos cómo militares de grupos especiales se convirtieron en criminales y ahí nacieron los Zetas, y en los últimos años son muchos más los que se saben están comprados por otros carteles.

Normalizar la violencia y normalizar a los militares en las calles es el cambio cultural que todo gobierno autoritario desea para cumplir el fin de la democracia.

Suponiendo, sin conceder, que las Fuerzas Armadas respeten los derechos humanos, la realidad es que correrán la misma suerte que las policías.

El despropósito de los dueños del PRI y sus aliados en el Senado, al legalizar la militarización del país, es aceptar que los civiles no pueden, pero no son capaces de renunciar a sus cargos. Al no asumir su responsabilidad civil, de facto genera dos opciones: la primera, abre la puerta para la incorporación abierta y franca de los militares en los gobiernos y responsabilidades civiles, en este instante los que han “cuidado la democracia” son partícipes del poder político, de forma tal que con la Ley de Seguridad Interior inicia el control de las instituciones por parte de mandos militares. En tanto que la segunda opción es el grave riesgo de exposición del ejército y la compra masiva de acciones, omisiones y aquiescencias por parte del crimen organizado y su pacto de impunidad con empresarios y políticos mafiosos.

Este poder político que se asienta en los civiles no debe ser sustituido por el poder militar; no es un tema de disciplina, es un tema de ruptura del pacto político-civil y da paso a un régimen militar. A los militares les compartimos: ellos, los políticos, les han mentido, no se cortaron las manos ladronas, no pararán su corrupción ni su pacto de impunidad, ellas y ellos seguirán tejiendo negocios con mafias y empresarios al amparo de su protección militar.

La Ley de Seguridad Interior terminará por militarizar al país, y gobernadores y presidentes municipales renunciarán a su responsabilidad civil y conservarán su pacto de impunidad; marina y ejército asumirán la responsabilidad weberiana de “el monopolio de los medios de coerción”; serán los militares quienes ahora, en funciones policiacas y de investigación asumirán ser los garantes de la función de seguridad. Sin embargo, en México terminarán siendo los garantes de la corrupción y del pacto de impunidad.

Normalizar la violencia y normalizar a los militares en las calles es el cambio cultural que todo gobierno autoritario desea para cumplir el fin de la democracia.

huffingtonpost.com

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